Lo dijo durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados en la que dio cuenta de las medidas adoptadas por su departamento y de aquellas cuestiones vinculadas con las materias objeto de su competencia.

El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acabó el pasado 25 de mayo sin acuerdo para ratificar el nuevo sistema de acreditación de residencia de ancianos, que actualiza al ratificado en 2008.

Lo hizo por la oposición de las comunidades gobernadas por el PP y por algunas comandadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, que consideraron irrealizables las propuestas incluidas en el plan del departamento dirigido por Ione Belarra por la falta de presupuesto.

A esa oposición se sumó el rechazo de las patronales englobadas en el sector de la dependencia y los sindicatos.

Ante esta situación, Belarra dejó claro que no cejará en su empeño de conseguir sacar adelante este acuerdo, que, aunque “no abra portadas y no tenga minutos de televisión”, representa “uno de los aspectos más importantes de la legislatura que va a mejora la vida de miles de personas en nuestro país”.

En ese sentido, manifestó que “no es aceptable ni justo que las personas mayores o con discapacidad tengan que estar en residencias abarrotadas, sin apenas personal para atender sus necesidades”; que “no tengan intimidad, ni puedan estar en sus hogares”.

Indicó que la pandemia “golpeó de manera muy dura a las residencias y evidenció las costuras del sistema”, por lo que “no podemos olvidar todo el dolor que se vivió en algunos de estos centros, que sólo pudo paliar mínimamente la gran labor, el esfuerzo y el cariño de los trabajadores y trabajadoras, por encima de sus posibilidades”.

Esto le sirvió para aseverar que “no queremos más imágenes de residencias magnificadas, ni pacientes tratados con sujeciones, ni personas que mueran esperando una plaza pública que no llega nunca”.

Ione Belarra subrayó que la concreción de este acuerdo es una “prioridad absoluta”, y recordó que la propuesta de su departamento pasa por forjar un “cambio de modelo que mejore la calidad de nuestras residencias, que aumenten las ratios de personal que deben cumplir para que haya prácticamente un trabajador o trabajadora por cada dos personas atendidas”.

También apuesta por acabar con el uso de las sujeciones, por priorizar la atención a domicilio, con el fin de que las personas “puedan vivir en su casa todo el tiempo posible, y, si no pueden, encuentren residencias más pequeñas y organizadas en unidades de convivencia de hasta un máximo de 15 personas para que se parezcan, lo máximo posible, a un hogar”, y por elevar el porcentaje de habitaciones individuales en las residencias públicas a un 65%.

Por todo ello, emplazó a las comunidades autónomas a tener “sentido de Estado”, ya que “nadie en este país entendería que alguien se oponga a estas mejoras en el sistema residencial”, y se comprometió a “seguir trabajando para que ese acuerdo salga adelante a lo largo del próximo mes en el Consejo Territorial”.

SISTEMA DEPENDENCIA

Por su parte, la titular de Derechos Sociales afirmó que su departamento está trabajando conjuntamente con las comunidades autónomas en la reducción de las listas de espera del sistema de dependencia, máxime cuando en el último año se ha registrado un “importante aumento de solicitantes”: 41.600 nuevas personas en 2021, una cifra que ha crecido hasta alcanzar, a día 30 de abril de 2022, más de 53.500.

Celebró que se ha avanzado “de forma muy significativa” en el número de personas atendidas, como lo atestigua el hecho de que actualmente hay 165.395 individuos más con prestación efectiva en el sistema de atención a la dependencia estatal que a comienzos de 2021.

Por último, Belarra anunció que el Consejo de Ministros aprobará a lo largo de este mes de junio el proyecto de Garantía Infantil, el cual se articulará en torno a tres ejes: pobreza infantil; protección social y ejercicio de derechos sociales; y entornos protectores y participativos, y contará con un presupuesto de 983 millones de euros, una cifra que supera la obligación de la Comisión Europea de dedicar el 5% del Fondo Social Europeo Plus.