En un encuentro con un grupo de periodistas, Belloch admitió que con CiU pueden existir "desacuerdos en determinadas materias o temas", pero insistió en que no se puede hablar en ningún caso de incumplimientos con el partido que actualmente le ofrece apoyo parlamentario.

El "superministro" explicó que en casos como el de la ley del aborto el Gobierno se ha limitado a respetar uno de los punos contenidos en el programa electoral socialista, que, a su vez, fue un compromiso adoptado por el presidente del Ejecutivo de presentar ese proyecto de ley antes de que finalice el actual periodo de sesiones.

"A partir de ahí", añadió, "es completamente respetable que quien no considere que es una ley necesaria, vote en contra o no participe en el proceso de su elaboración. Desde mi punto de vista, es necesario que el Gobierno cumpla con sus compromisos. La ley se presentará y las disidencias o los esacuerdos se tendrán que sustanciar en sede parlamentaria".

Belloch indicó que lo que pretende la ley es que no entre en prisión ninguna mujer que tome una decisión "seria y meditada" al respecto. "El que crea lo contrario", apostilló, "que lo sostenga en vez de hablar de aspectos formales".

LIBERTAD DE VOTO

Durante su encuentro con los informadores, el titular de Justicia e Interior fue preguntado por las declaraciones de algunos dirigentes socialistas como el alcalde de la Coruña, Francisco ázquez, quien ha anunciado que no iba a votar a favor de la ampliación del aborto por su condición de católico practicante.

El ministro se limitó a manifestar que el Gobierno cumple con su obligación de presentar la ley ante el Congreso y que serán los grupos parlamentarios los que asuman la responsabilidad de aceptar, mejorar o rechazar el proyecto remitido por el Ejecutivo.

"Los grupos parlamentarios actuarán como consideren que deben actuar, pero yo, que no soy partidario de entrometerme en la funciones de los jueces, tampoco lo voy a hacer en las funciones del Parlamento", resaltó.

Respecto a las quejas de CiU por el retraso en las transferencias de personal al servicio de la administración de justicia, el ministro anunció que el próximo mes de julio se puede llegar a un acuerdo sobre la forma de realizar esos traspasos.

En cuanto a los gobernadores civiles, señaló que éste es un asunto que rebasa claramente las competencias de su ministerio y que afecta globalmente al Gobierno, por o que no podía emitir ningún juicio de valor.

Por otra parte, Belloch reiteró su planteamiento de que un gobierno de coalición es la fórmula ideal para garantizar la estabilidad política.

En este sentido, aseguró que el Gobierno socialista tiene garantizada la estabilidad y que este hecho es posible gracias al apoyo de los nacionalistas catalanes. Sin embargo, apuntó la posibilidad de que esos acuerdos puedan extenderse a otras fuerzas como el PNV o Coalición Canaria.