Bermejo señaló que estos presupuestos "podrán dar una adecuada respuesta a las demandas de los ciudadanos" y de "los profesionales" de la Administración de Justicia.

El ministro señaló que las cuentas de su departamento suponen un "esfuerzo presupuestario" que pone de manifiesto "la prioridad asiganada a la Justicia" por el Gobierno para este ejercicio.

Subrayó también del impulso de la "modernización" de la Administración de Justicia y la aplicación de las nuevas tecnologías en este Departamento.

LA FACTURA DE LA HUELGA

Por su parte, la portavoz del Partido Popular, Dolors Monserrat, lamentó que "el incremento" de las cuentas de Justicia "sólo responda al pago de la factura de la huelga" reciente de los funcionarios de este departamento y a la necesidad del ministro Bermejo de cumplir con "los acuerdos" firmados con los sindicatos a raíz de este conflicto.

Para los populares, estos "presupuestos no se acomodan a la penosa realidad de nuestra Justicia", que sufre un "colapso dantesco".

En este sentido, el PP defendió una enmienda en la que exigen un aumento en la inversión destinada a la "modernización de la Justicia" y recordó su petición de que se destine el 2% de la dotación de los Presupuestos Generales del Estado a dicha labor.

En representación de CiU, Pere Macias, ofreció al ministro la tradicional "actitud constructiva" de su grupo con la reforma de la Aministración de Justicia, en la que se sustenta "la confianza de los ciudadanos en la democracia".

Macias aseguró a Bermejo que el Gobierno puede contar con CiU, que "va a estar al lado" del Ejecutivo en este proyecto de modernización "de manera muy sincera" y tan sólo alertó sobre la llegada de la crisis de "forma especialmente cruenta" a los juzgados de lo civil, lo que obstaculiza en muchos casos la resolución de asuntos que afectan a las empresas.

El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, criticó la "palmaria e insuficiente" dotación de recursos asignados al Ministerio de Justicia y dudó de que con estas cuentas se puedan llevar adelante los proyectos de modernización destinados a conseguir que la Justicia deje de ser la administración el Estado que "goza de menos estima de los ciudadanos".

Ridao defendió con especial énfasis las enmiendas en la que se establecen becas para favorecer el conocimiento del catalán entre los funcionarios de justicia.