Esta modificación incorpora, entre otras cosas, como requisito que las entidades beneficiarias incluyan, entre sus fines y objetivos recogidos en sus estatutos, o que acrediten fehacientemente, la prevención y erradicación de la violencia sexual contra las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.

Aunque esta modificación no es la orden principal que ha generado polémica política y en las organizaciones feministas, es complementaria a la modificación en las subvenciones de Igualdad que obliga a entidades solicitantes a asumir el enfoque abolicionista de la prostitución, la cual si generó más controversia.

El endurecimiento de requisitos para entidades solicitantes de subvenciones contra la trata comparte el enfoque abolicionista del Ministerio de Igualdad y forma parte del mismo giro normativo en subvenciones.

Según el texto publicado en el BOE sobre las subvenciones contra la trata, no se cambia el objeto de las ayudas, pero se introducen ajustes para reforzar la especialización de las entidades beneficiarias, agilizar la gestión y afianzar el citado enfoque feminista y abolicionista de estas políticas públicas.

Además de lo citado, se incorporan nuevos requisitos formales, como la obligación de presentar una declaración responsable de cumplimiento de la Ley de libertad sexual y disponer de un plan de igualdad en el caso de entidades con más de 50 personas trabajadoras.

La orden también introduce mejoras técnicas en el reparto de fondos, amplía hasta dos años el periodo de ejecución de los proyectos, permite anticipos de financiación y habilita que la comisión evaluadora de las solicitudes pueda apoyarse en un panel de personas expertas para la valoración de las solicitudes.