Así de tajante se pronunció en el Senado durante una interpelación sobre este asunto del parlamentario del PP Carlos Serrano, quien recordó, por un lado, que el TS consideró que esa inscripción de nacionalizados por la norma "genera un peligro fundado, real y serio de afectar gravemente a la objetividad y transparencia de las elecciones". Y, por otro, que la Junta Electoral Central (JEC) acató esa suspensión y pidió a los consulados de España en el exterior informes de los vínculos con el exilio de la guerra y el franquismo de los nacionalizados en virtud de dicha ley.

El senador popular aseguró que su formación no rechaza que los nietos de exiliados españoles tengan "derecho a ser españoles" o que los descendientes de exiliados tengan derecho al voto, incidiendo en que lo que se discutía era si su departamento puede utilizar "una instrucción administrativa" para hacer "aquello que el Parlamento decidió no hacer mediante una ley", en referencia a la instrucción del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes firmada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, que "para incrementar y regular el alcance de la propia ley", denunció.

"Una instrucción no puede sustituir al legislador", dijo tajante Serrano mientras añadía que tampoco puede crear "derechos que el Parlamento no ha reconocido". Y cifró en unos 400.000 los posibles beneficiarios, además de unos 2,6 millones de solicitudes. "Personas que no han votado en libertad hace 50 años, ni sus hijos ni sus nietos, y que pueden determinar escaños nacionales o autonómicos", enfatizó en referencia a las 300.000 solicitudes presentadas en Cuba.

Así, acusó al Gobierno de hacer "trampas" y criticó la "prisa" por agilizar el proceso antes de los comicios del próximo año. "querrán que el Supremo resuelva pronto para ver si así recurren al Constitucional y que Conde de Pumpido se lo arregle", sentenció.

BOLAÑOS DEFIENDE LA NORMA

Sin embargo, Bolaños volvió a defender punto por punto la norma y las nacionalizaciones, haciendo referencia a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo en Argentina en 2022 que se comprometía a impulsar una ley para dar la nacionalidad a los nietos de españoles en el exterior. En este sentido, criticó a los populares por sus acusaciones de alterar el censo, preguntándoles si saben "qué votan los descendientes de exiliados".

Así que reiteró que las medidas cautelares del TS lo que hacen es "privar del derecho al voto a 400.000 personas", lo que supone, según calculó, unos 769 nuevos votantes por circunscripción. Algo que, destacó, "no tiene una afectación directa en el resultado electoral".

Serio, denunció que la decisión del Supremo hace que hoy haya "españoles de primera con derecho al voto y españoles de segunda sin derecho al voto". Y fue a más al apuntar que con el auto de suspensión "se ha alterado el censo de gente que ya había votado en 2023 o en las elecciones autonómicas de Aragón, Castilla y León, Extremadura y Andalucía y hoy no tienen derecho a votar".

Es por ello que pidió "muy respetuosamente" al TS que "resuelva el fondo del asunto antes de los procesos electorales en 2027", porque si no, el censo estará "alterado" con" gente que podía votar y ahora no puede votar". Y preguntó: "¿Qué pasa si se celebran las elecciones con esta medida cautelar vigente y cuando haya sentencia se decide que esa gente podía votar?".

"INGENIERÍA ELECTORAL"

Ante esto, el senador popular insistió en que el Gobierno quiere convertir una política de nacionalidad "en una operación de ingeniería electoral", haciendo hincapié en que les han "pillado mediáticamente, políticamente y judicialmente". Asimismo, aseguró que la urgencia del Gobierno no es porque le preocupe "que tengan ese derecho para toda la vida", sino que lo que "le importa es que voten".

Y le avisó, en tono de amenaza de posibles "consecuencias judiciales": "No sea que el próximo vídeo que nos haga con recomendaciones de viaje lo haga desde el patio de Valdemoro, de Aranjuez, de Estremera, de Alcalá de Henares o de Soto del Real". Unas palabras estas últimas que Bolaños criticó cargando contra el "estilo matón" del PP y sus amenazas de prisión.

Su última intervención la zanjó insistiendo en que se priva del derecho al voto a 400.000 personas por los recursos interpuestos por "la ultraderecha y sus marcas blancas", en referencia a Iustitia Europa y Vox. Y criticó los aplausos del PP a estas medidas cautelares y al "recorte de derechos".