Según informó este miércoles el Ministerio, el encuentro se celebrará en el Recinto Modernista de Sant Pau y se centrará en la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entra en vigor este jueves.

La reunión contará con la participación de representantes de las consejerías de Justicia de doce comunidades autónomas: País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Navarra y Madrid.

Como antesala a la Conferencia Sectorial, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recibirá este jueves por la parte en el Palau de la Generalitat al ministro y a los participantes.

La recepción de Illa incluirá intervenciones tanto del mandatario catalán como del ministro Bolaños y el consejero de Justicia de esta comunidad, Ramón Espadaler.

CAMBIOS SUSTANCIALES

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, considerada la mayor reforma en décadas para este sector de la administración española, entra en vigor este jueves, tras su publicación en el BOE el pasado 3 de enero.

Aprobada definitivamente por el Congreso el pasado 19 de diciembre, la norma busca modernizar y agilizar los procesos judiciales mediante una reorganización estructural y la digitalización del sistema. Bolaños ha destacado que esta ley marca un "momento clave" para transformar la Justicia en un servicio más ágil, cercano y eficiente.

Entre las principales medidas de la norma se encuentra la creación de los tribunales de instancia, que reemplazarán a los juzgados unipersonales. Este cambio permitirá integrar a los más de 3.800 juzgados actuales en 431 tribunales colegiados, lo que busca facilitar una distribución más equitativa de la carga de trabajo y unificar criterios judiciales.

Además, se implementarán oficinas judiciales en municipios para acercar este servicio a los ciudadanos y se potenciarán los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MASC), como la mediación y la conciliación, para reducir el volumen de litigios.

La norma también incluye medidas específicas para combatir la violencia sexual. A partir de octubre, los juzgados de violencia sobre la mujer asumirán competencias exclusivas en estos casos, cumpliendo con el Convenio de Estambul. Para ello, se crearán nuevas plazas judiciales y se reforzarán los recursos disponibles en estas instalaciones. Según Bolaños, este enfoque integral permitirá abordar con mayor eficacia uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad española.