En una entrevista en Radio Nacional recogida por Servimedia, Bolaños indicó que el seguimiento de la huelga judicial de la semana pasada osciló "en torno a un 25-30%", por lo que consideró que "la inmensa mayoría de jueces y fiscales saben que los motivos de la supuesta huelga son absolutamente infundados".

Destacó que el informe sobre el Estado de derecho publicado esta semana por la Comisión Europea respalda que se está "avanzando en la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal" con el proyecto de ley presentado, tal como recomendaba Bruselas.

El titular de Justicia subrayó que los argumentos de que la reforma "acaba con el Estado de derecho" son "motivos infundados, son falsos y lo saben", lo que explica que el seguimiento de la protesta fuera "mucho más bajo" del esperado.

DATOS DE LA PROTESTA

Precisó que en algunos órganos como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo el seguimiento fue "entre el 3% y el 5%", cifras que demuestran que fue "verdaderamente pequeño" a nivel nacional.

Bolaños recordó que el propio Consejo General del Poder Judicial determinó que "no hay base legal para hacer esa huelga", aunque señaló que si se da por hecho su existencia, el seguimiento fue "infinitamente más bajo" del previsto por los convocantes.

El ministro defendió que están llevando a cabo "reformas que modernizan nuestro sistema de Justicia", como incluir una prueba escrita en la oposición para jueces, magistrados y fiscales, que "es adaptar la oposición a las necesidades actuales".

NUEVAS MEDIDAS

Anunció que blindarán por ley becas de cuatro años por un importe equivalente al salario mínimo interprofesional para que personas "con independencia de la renta de sus familias puedan optar a ser jueces, fiscales o abogados del Estado".

Explicó que actualmente el 95% de quienes aprueban la oposición a jueces y fiscales necesitan apoyo económico familiar, por lo que el Estado "se va a encargar" de ayudar a quienes no pueden permitirse estar "cuatro o cinco años preparándose las oposiciones".

Destacó que incorporarán 1.500 jueces y fiscales en tres años, a razón de 500 anuales, además de un proceso extraordinario de regularización que sumará otros 600 jueces y 300 fiscales, hasta alcanzar 2.500 nuevos efectivos.

OBJETIVOS DE LA REFORMA

El responsable de Justicia señaló que estas medidas buscan acercar las ratios de jueces por habitante y hacer "más razonables" las cargas de trabajo en la carrera judicial y fiscal.

Defendió que con los nuevos tribunales de instancia aprobados en la ley de eficiencia se podrán flexibilizar esas cargas "para que la administración de Justicia sea un servicio público a la altura de lo que exige la ciudadanía".

Reconoció que la reforma "genera debate, genera alguna discrepancia, genera recelo", pero lamentó que se olviden "todos estos aspectos positivos" cuando se critica la iniciativa.