La construcción de este embalse supondrá la desaparición de siete pueblos leridanos y estará terminado en enero de 1995. El presupuesto total de las obras es de 9.000 millones de pesetas.

La construcción de este pantano, que ha sido motivo de polémica y de protestas durante 20 años, tiene como objetivo evitar las riadas del río Segre y abastecer el canal de Urgell, que regará unas 52.000 hectáreas de tierra, y l futuro canal Segarra-Garrigues, que proporcionará agua a otras 50.000, según el proyecto ideado por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Además, la construcción del embalse de Rialb comportará el abandono de tierras y viviendas por parte de unas 400 personas. El agua cubrirá dos pueblos, Tiurana y Bassella, y otros cinco núcleos agregados de éste último, Aguilar, Castellnou i la Clúa, La Mata, Ribera, Madrona y Cornet.

Durante el acto protocolario de colocación de la primera piedra, ungrupo de vecinos de Tiurana increpó al ministro de Obras Públicas y Transportes con gritos de "assassins" (asesinos) y "llops" (lobos).

Otro habitante de la zona se acercó a Borrell para pedirle que se estudiara su caso porque la CHE le expropia más hectáreas de terreno de las que le afectan.

Las primeras indemnizaciones a las 100 familias afectadas por la construcción del pantano, que será el más grande de Cataluña, comenzaron a hacerse efectivas a finales del año pasado. La Administración tieneprevisto desembolsar un total de 5.200 millones de pesetas por este concepto.

Las protestas por la construcción del embalse por parte de grupos ecologistas y vecinos de la zonas han sido constantes durante los últimos años.

Los vecinos, que constituyeron un colectivo para hacer frente a la puesta en marcha de la obra, presentaron un proyecto de presas laterales para evitar el anegamiento de los siete pueblos, aunque no fue aceptado.

Josep Borrell se dirigió, después de la colocación de la prmera piedra del embalse, a la localidad de Castillonroi, situada en la Franja de Aragón, para firmar el "pacto del agua" entre regantes de Cataluña y Aragón.

Por medio de este acuerdo, firmado por los consejero de Política Territorial de la Generalitat y de la Diputación General de Aragón, podrán ser regadas 121.000 hectáreas de ambas comunidades autónomas.