Según han confirmado a Servimedia fuentes solventes, las reuniones entre Borrell y Alvarez Cascos se deben a la urgencia con la que un futuro Gobierno del PP deberá adoptar "decisiones estratégicas relativas a las telecomunicaciones, tano dentro como fuera de España" y la conveniencia de que el ministro responsable de este sector no pierda tiempo en llevarlas a cabo.

Entre las cuestiones tratadas hasta ahora figura la tensa relación que el Gobierno español mantiene con la Comisión Europea en relación a la liberalización del sector, y los criterios que han llevado al equipo de Borrell a defender sus tésis de 'no injerencia' de Bruselas en cuestiones que el Consejo de Ministros de la UE considera todavía de soberanía nacional.

Est es el caso de la liberalización de infraestructuras alternativas a las de Telefónica que el responsable comunitario de Competencia, Karel van Miert, reclama a los países miembros a partir del 1 de julio de éste año, y que está estrechamente ligada al proyecto de segundo operador de telecomunicaciones en España.

Borrell ha trasladado a Cascos que el 'órdago' de Bruselas se inscribe en la guerra sorda que la Comisión mantiene con el Consejo de Ministros de la UE para acaparar cuotas de poder, ya que cotradice los acuerdos de éste último órgano comunitario sobre el calendario de liberalización.

En opinión del MOPTMA, la exigencia de la Comisión Europea altera los planes del Ejecutivo español para generar competencia en el sector con operadores españoles, antes de que se produzca la libre entrada de otros operadores exteriores desde el 1 de enero de 1998.

En ésta estrategia se inscribe la creación de un futuro competidor de Telefónica en torno a la sociedad Optel, filial de Retevisión que ya ha endido un 40% de su capital a un grupo de eléctricas encabezadas por Endesa y Unión Fenosa.

Otro de los aspectos que habrían analizado Borrell y Cascos es la exigencia de Bruselas de devolver a Airtel, oponente de Telefónica en el negocio de 'móviles', los 85.000 millones de pesetas que pagó este consorcio para quedarse con la licencia GSM que está operando ya, pero que, sin embargo, aún no ha llegado por escrito a los responsables del MOPTMA.