La nueva financiación del plan, cuya liquidación fue acordada hoy por todos los consejeros de las comunidades autónomas y el MOPTMA, deberá ser fijada por el Consejo de Ministros del próximo viernes, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

El Plan de Vivienda que ahora finaliza ha movilizado en el conjunto del sistema financiero créditos por valor de unos2,5 billones de pesetas, de los que unos 320.000 se han sido aportados por el Estado para la subvención de los tipos de interés.

Si el gabinete ministerial aprueba el viernes la ampliación del plan, podría suponer para el estado un coste adicional de entre 20.000 y 30.000 millones depesetas, según la cantidad que finalmente se fije.

El motivo de esta petición, expresada al MOPTMA por los consejeros, es atender la demanda de ayudaspara vivienda canalizadas por las comunidades autónomas, pese atener a cubierto el cupo de adjudicaciones que enían asignado.

"Queremos", dijo Borrell, "conribuir a solucionar este problema pese a que no somos nosoros -la Administración centra- los que lo hemos generado". El objetivo inicial del plan era llegar a las 400.000 viviendas financiadas más la auda a actuaciones de suelo para otras 93.000

El ministro explicó que a finales de agosto habían recibido ayudas un total de 515.000 actuaciones, de las que 417.000 eran viviendas construidas, mientras que laprromoción de suelo afectaba a otras 97.000. También dijo que en la misma fecha quedaban por asignarse 160.000 millones que actualmente deben tener a destino.

Con el acuerdo entre Borrell y los consejeros de vivienda autonómicos, el saldo final del plan de vivienda cuando quede cancelado, a mediados del mes que viene, podría verse aumentado entre 10.000 y 30.000 viviendas más, situándose en torno a las 540.000 viviendas al final del período, un 10% más de los objetivos iniciales.

Para dar cabidalas nuevas ayudas antes de cerrar el plan, también se ha acordado ampliar el plazo de calificación de las soliciudes hasta el 15 de octubre, salvo en Madrid, Cantabria y Balerares que se hará el 30 del mes que viene porr la demora que estas comunidades auónomas arrastran en la consecución de sus objetivos.

EL MISMO PLAN U OTRO

Respecto a la creación de un nuevo plan para el período 1996-2000, Borrell se enconró con la oposición en bloque de los ocho consejeros del PPel de La Rioja, que han soliciado una prórroga del actual plan hhasta después de que se celebrren elecciones generales, anunciadas para marzo del 96.

Este planteamiento fue calificado por Borrell de "puramente político", con el fín de que no se conozcan las líneas de política de vivienda que llevaría a cabo el Partido Popular tras ganar unas elecciones.

La posición del responsable del MOPTMA contó con el respaldo de seis comunidades (Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña y Extremadura), a las que se sumron el País Vasco y Navarra, dotadas con política propia de vivienda, pero interesadas en conocer las directrices que podrían aplicarlas para mejorarlas.

Ante el bloqueo del acuerdo, la decisisón adoptada fue la de crear comisiones técnicas que permitan acercar posicioneseleva a una nueva Conferencia Sectorial de Vivienda en el mes de noviembre las posibilidadesde crear un nuevo plan.

En caso contrario, según Borrell, se vería la posibilidad de aplicar un jnuevo plan en las comunidades que lodemandendejar el actual prorrogado para las que así lo solicitan. En cualquier caso, añadió, el Gobierno sigue manteniendo la propuesta programática del PSOE de audar a financiar otras 500.000 viviendas entre 1996 y el 2000, con un coste similar al del programa que ahora se agota.