La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas pretende proteger el medio ambiente de los efectos adversos de las aguas residuales urbanas provenientes de los sectores doméstico e industrial. Así, las ciudades están obligadas a poner en marcha las infraestructuras necesarias para recoger y tratar sus aguas residuales urbanas, eliminando o reduciendo así todos sus efectos no deseados cuando se vierten en las masas de agua.

Las investigaciones de la Comisión Europea han constatado el incumplimiento generalizado de la obligación de la Directiva en 133 aglomeraciones españolas. El Ejecutivo comunitario envió una carta de emplazamiento a España en diciembre de 2016 y un dictamen motivado en febrero de 2020, en los que pidió al Estado español que cumpliera la norma sobre las aguas residuales urbanas.

Aunque Bruselas se felicita de que España haya registrado progresos, apunta que aún debe contar con sistemas colectores en las aglomeraciones o, cuando esté justificado, métodos individuales u otros adecuados que alcancen el mismo nivel de protección medioambiental.

Según la Comisión Europea, España también debe redoblar sus esfuerzos por garantizar que las aguas residuales recogidas reciban un tratamiento suficiente para alcanzar los niveles pertinentes en la materia. Esto significa que existen aglomeraciones donde es necesario construir o mejorar las infraestructuras, lo cual puede requerir en inversiones la construcción de nuevas instalaciones físicas o en la mejora de lugares de tratamiento ya existentes.

CONTEXTO

Las aguas residuales no tratadas pueden estar contaminadas con bacterias y virus, por lo que suponen un riesgo para la salud humana y pueden contaminar lagos, ríos, suelos, costas y aguas subterráneas. Contienen nutrientes básicos, como el nitrógeno y el fósforo, capaces de dañar las aguas dulces y el medio marino al favorecer el exceso de algas que asfixian otras formas de vida, proceso denominado eutrofización.

La Comisión Europea publicó en de 2020 el décimo informe sobre el estado de ejecución de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, según el cual la recogida y el tratamiento de las aguas residuales en las ciudades y municipios de Europa han mejorado de manera global, aunque los logros obtenidos son diferentes entre los Estados miembro.

Según la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, los Estados miembro de la UE deben establecer un tratamiento secundario de todos los vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes, y un tratamiento más avanzado en las aglomeraciones urbanas de más de 10.000 habitantes equivalentes en zonas sensibles designadas.

El tratamiento más estricto puede consistir en la eliminación del efluente sometido a un tratamiento para proteger las aguas de baño o las aguas para cría de moluscos. También puede consistir en la eliminación de fósforos o nitratos (nutrientes presentes en las aguas residuales) para proteger las aguas que se hallen amenazadas por la eutrofización.