Así lo precisó en declaraciones a los medios de comunicación previas a la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que él presidió en la sede del Ministerio y que, a su juicio, es “importantísimo, porque es el máximo órgano de cooperación territorial en materia de servicios sociales y dependencia”.

En paralelo, también lo juzgó importante porque “sucede una semana después” de que el Gobierno aprobase “la mayor inversión social en décadas en este país”, con una financiación extraordinaria adicional de “hasta 6.200 millones de euros en lo que queda del año 26 y el año 27 para refundar el sistema de la dependencia en nuestro país”.

Preguntado por si las regiones podrían reducir su inversión, Bustinduy fue tajante al aseverar que “no, no lo pueden hacer por las propias condiciones del reparto de fondos que se estableció desde el plan de choque: por cada euro que una comunidad autónoma detraiga o reduzca de su inversión en dependencia recibirá un euro menos por parte del Estado”.

“Por lo tanto, hay mecanismos para que eso no suceda, pero sí quiero aclarar, ante posibles dudas, que la financiación extraordinaria, los 6.200 millones de euros adicionales que hemos puesto en el sistema, son finalistas”, detalló.

A este respecto, subrayó que se trata de contribuciones que el Estado financia a través del nivel mínimo del sistema de la dependencia por cada persona usuaria. “Es decir, es dinero para la dependencia que va a la dependencia, no se puede desviar a ningún otro fin, pero sí es cierto que hay que mejorar cómo funciona el sistema”, reconoció.

REFORMA

En este sentido, afirmó que los recursos “ayudan, pero no son suficientes y para eso sirve la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad”.

En este punto, dijo estar “convencido, porque en todos estos meses, en estos años ya de trabajo para producir la reforma de estas leyes, no ha habido un solo argumento en contra del contenido”. “La única reclamación que hacían las comunidades autónomas y también algunas entidades del tercer sector es ‘la ley está muy bien, pero necesita recursos para que pueda desplegarse’”, incidió.

En esta línea, reivindicó que el Ejecutivo ha “puesto los recursos por delante”, algo que valoró como “inédito en la política social en España”. “Hemos puesto las condiciones de financiación, unas condiciones inéditas, históricas, por delante de la aprobación de la reforma de las leyes”, abundó, consciente de que “no cabe ningún argumento ni ninguna excusa para que esas leyes no salgan adelante por unanimidad” y convencido de que “ese será un gran día”.

Tras esperar que “todo el mundo esté tranquilo” porque “ese dinero va a ir a mejorar el sistema de la dependencia y no a ningún otro sitio”, Bustinduy señaló que la financiación que reciben cada año las comunidades “refleja el desempeño” en una serie de indicadores como la reducción de listas de espera, las condiciones laborales y también la aportación que ha hecho cada gobierno autonómico a la financiación de sus sistemas.

MEDIDA HISTÓRICA

En este contexto, puntualizó que en la reunión de este lunes se trata de “poder debatir” en el seno de este órgano acerca de la que consideró una “medida histórica” y que “da cumplimiento a uno de los principales compromisos” que adquirieron PSOE y Sumar “al formar el Gobierno”.

“Hemos cumplido, vamos a alcanzar el 50% de la financiación del sistema de la dependencia el año que viene y estos recursos, y es lo que voy a trasladar en la reunión de hoy a todas las comunidades autónomas, tienen que servir de manera inmediata para tres objetivos”, avanzó.

En primer lugar, hizo referencia a la urgencia de “eliminar” las listas de espera en materia de dependencia, contar con mejores y más prestaciones y dignificar y mejorar las condiciones de trabajo en el sector de los cuidados y de la dependencia.

“Creo que este país está ante una oportunidad histórica para, como digo, refundar el sistema de la dependencia y producir la mayor reforma social en décadas”, agregó, convencido de que el nuevo sistema de cuidados, que estos recursos” van a hacer posible”, además, “debe refrendarse en la aprobación de las nuevas leyes de dependencia y discapacidad”.

Tras recordar que su “objetivo e intención” es que se vote en el Congreso “el mismo día de la convalidación del decreto ley de la financiación extraordinaria”, defendió que el Gobierno ha “cumplido” con su “compromiso”.

“Hemos aprobado la mayor inversión social en décadas en este país y ahora ese impulso debe traducirse en resultados concretos, listas de espera, mejores prestaciones, mejores condiciones de trabajo y en la aprobación de las nuevas leyes de dependencia y discapacidad que van a generar un nuevo sistema de protección social en nuestro país, un nuevo sistema de cuidados a la altura de las necesidades sociales que tiene este país”, apostilló.