En su comparecencia ante la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de los Diputados, Bustinduy explicó que recurrirá a “la vía legislativa” a fin de aprobar medidas necesarias en dependencia y discapacidad, para las que “confiamos suscitar las mayorías parlamentarias más amplias posibles”.

Admitió que el escenario “desafortunado”, pero se felicitó por que en la pasada legislatura el presupuesto de las políticas de discapacidad había aumentado en un 468%. Este incremento supuso “293 millones de euros destinados a cumplir con los objetivos fijados por la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 y a hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad”, afirmó Bustinduy.

“Menos mal que nos ha pillado con estos Presupuestos” la decisión de renunciar a los nuevos y, por tanto, mantener los vigentes prorrogados, y “no con los recortes” efectuados durante los Gobiernos del PP, valoró. Desde luego que “estamos ante un escenario desafortunado”, y admitió que preferiría contar con nuevos Presupuestos “para seguir con el gasto expansivo en políticas sociales”.

Con todo, afirmó que “las acciones del Gobierno se intentarán sacar adelante por la vía legislativa, para la que pidió el máximo consenso parlamentario”. Puso como ejemplo la Ley de Familias, cuya tramitación permitirá “mejorar los niveles de protección de los menores con discapacidad” y “garantizar el derecho subjetivo a la atención temprana”.

FONDOS GARANTIZADOS

Bustinduy contestó a la diputada del PP Violante Tomás que los fondos para la Estrategia de Autismo “están ya recogidos en los Presupuestos prorrogados”, así como los 5 millones de euros de las becas Reina Letizia para la Inclusión. “La nueva convocatoria se publicará próximamente”, avanzó, con el objetivo de que las personas con discapacidad “puedan desarrollar sus planes formativos en condiciones justas”. Entre otros aspectos, las becas financian intérpretes de lengua de signos, apoyos tecnológicos, refuerzos educativos e iniciativas en materia de deporte paralímpico e idiomas.

A la portavoz de Junts en esta Comisión, Pilar Calvo, le aseguró la continuidad de los dos centros especializados en la atención a personas con ELA de Oviedo y Cáceres. Son fruto de sendos convenios con el Gobierno de Asturias y la Junta de Extremadura, y garantizó su dotación de 4,5 millones de euros, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Benditos presupuestos prorrogados estos” y no los del 2012, subrayó.

ELECCIONES

En su intervención, Tomás lamentó que este Ministerio “no va a poder hacer muchas de las cosas que pretende ”, porque como hay elecciones en Cataluña “su presidente, Pedro Sánchez, ha decidido dejar caer los Presupuestos de su país”.

Por su parte, el portavoz de ERC, Jordi Salvador i Duch, criticó el rechazo de los Comuns a las cuentas de la Generalitat, que suponían una inversión de 1.000 millones de euros en política sociales. “Ha elegido una mala semana para comparecer”, le espetó al ministro, tras preguntarle si la instalación de un casino “era tan importante”.

Además, instó al Ministerio a promover el reconocimiento automático del 33% de discapacidad con la acreditación de una situación de dependencia y pidió reforzar la Inspección de Trabajo a fin de asegurar el cumplimiento de la cuota de empleo reservado para personas con discapacidad.

Bustinduy contestó que la construcción del complejo del Hard Rock en Tarragona “me gusta tan poco como posiblemente a usted”. En cuanto a la convocatoria electoral en Cataluña, señaló que “las urnas decidirán el nuevo reparto de representantes”. “Les deseo buena suerte, y mejor suerte a nosotros”, apostilló.

Asimismo, afirmó que el Ministerio trabajará en todo lo que tiene que ver con la agilización de trámites y con el cumplimiento de la reserva de empleo.

ARTÍCULO 49

En su intervención, Bustinduy destacó la importancia del consenso que muchas veces se ha logrado alcanzar en lo referido a políticas de discapacidad. “Prueba de ello es la reciente modificación del artículo 49 de la Constitución Española, la primera reforma social de nuestra Carta Magna”, afirmó.

A su juicio, “este hito es una conquista de las personas con discapacidad y sus organizaciones, pero además es un logro para el conjunto de nuestro país”. "Es la prueba de que, cuando los poderes públicos atienden a la sociedad, todos ganamos”, declaró.

Sostuvo que gracias a la reforma, “las voces de las personas con discapacidad hoy resuenan con fuerza en nuestras instituciones y hacen de España un lugar mejor”. “España se ha consolidado como un referente internacional en materia de discapacidad”, y agradeció el trabajo constante y la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

“Nuestro país representa hoy un ejemplo de buen hacer para el resto del mundo. Todos, al margen de nuestras ideas o afinidades políticas, debemos estar orgullosos de ello”, reflexionó.

La única nota discrepante en este terreno la puso la diputada de Vox Blanca Armario, que preguntó al ministro cómo piensa garantizar la igualdad entre todas las personas con discapacidad, pues, en su opinión, la especial protección que el artículo 49 recoge para las mujeres y los menores con discapacidad entraña “un riesgo de discriminación por razón de sexo”.

Bustinduy le contestó con un estudio de Fundación ONCE según el cual el 40,4% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia de género. Un 70% están en paro, prosiguió, y el 28% de las víctimas han adquirido discapacidad a causa de la violencia. "Negar continuamente esta doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad y cuestionar la obligación del Gobierno de ofrecerles protección resulta incomprensible e inaceptable”, afirmó.

Para concluir, Bustinduy llamó a los diputados de la Comisión a trabajar de forma conjunta, “desde la diferencia política y el respeto, a fin de abordar los grandes retos en materia de discapacidad que tenemos por delante”.

Apeló también a la cooperación territorial con las comunidades autónomas y aseguró que “cuando trabajamos en política social, no podemos permitirnos nada menos que el consenso”. “Es lo que nuestra sociedad reclama, y debemos estar a la altura de esta exigencia”, concluyó.