Lo hizo durante su intervención en el VI Foro Económico 'elDiario.es', que este año se presenta bajo el lema ‘El liderazgo de España en la estrategia europea’ y en la que juzgó “emocionante ver hasta qué punto la sociedad española está reaccionando” ante el problema de la vivienda y reivindicó que el Gobierno “ha dado la vuelta” al “mensaje” de que “en vivienda no se podía hacer nada, que el problema es demasiado complejo o que no existe la voluntad política para ello”.

“Está en vigor la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler para prácticamente tres millones de compatriotas en España”, abundó, al tiempo que volvió a animar a los inquilinos cuyos contratos venzan este año y el próximo a que soliciten de manera fehaciente esta prórroga, enviando un burofax o un correo certificado para que puedan prorrogar dos años más en las mismas condiciones su contrato de alquiler.

Tras defender que se trata de “una marea que es imparable”, indicó que “no Sumar, no el Gobierno, no un grupo parlamentario”, sino que “los inquilinos e inquilinas van a ganar esa votación”. “La sociedad española la va a ganar”, apostilló.

ACTUALIZACIÓN

En paralelo, recordó que el decreto también “topa” la actualización de “todos los contratos que afectan a ocho millones de compatriotas al 2%”. “También es una forma de proteger a la ciudadanía de los efectos y las consecuencias económicas del desastre de la guerra ilegal de Trump en Irán”, reivindicó, al tiempo que se preguntó “si la derecha también va a votar en contra de esto”.

“De topar las actualizaciones de contratos al 2% que también están en vigor, y, es decir, ya están protegiendo a las familias españolas de los efectos de la guerra ilegal en Irán”, sentenció.

PISOS TURÍSTICOS

Por último, en relación a los anuncios de viviendas turísticas que no se ajustan a la normativa, Bustinduy reconoció que la cooperación de las entidades locales ha sido “asimétrica”, dado que algunas como Santiago, Denia o Ibiza, del PP han “colaborado” con el Ministerio, mientras el Ayuntamiento de Madrid “se ha desentendido y han considerado que no era su responsabilidad responder a esta problemática”.

“Han salido en los medios de comunicación a decir que es culpa mía, del otro, del de más allá y, de hecho, han aprobado una nueva regulación que ha legalizado que haya edificios enteros que se conviertan prácticamente en hoteles alternativos con las viviendas turísticas ilegales”, denunció.

En este contexto, por lo que se refiere a las 75 familias que viven en varios bloques propiedad de la casa de Alba, quiso “recordar que la casa de Alba tiene un patrimonio estimado de 3.000 millones de euros y no parece sensato que vayan a expulsar sin alternativa habitacional a 75 familias a la calle para intentar sacar una rentabilidad todavía mayor a sus múltiples propiedades”.

“Para eso sirve la prórroga, para defender a los inquilinos e inquilinas y que sigan viviendo, pagando su alquiler religiosamente, como tienen derecho a hacerlo según el ordenamiento jurídico vigente”, resolvió.

EXPEDIENTES

En otro orden de cosas, también en materia de vivienda, anunció que “va a haber más actuaciones para defender los derechos de los inquilinos” frente a grandes inmobiliarias, para asegurar que toda la labor publicitaria de la oferta de alquiler “respeta la legisla vigente, especialmente en las zonas tensionadas donde rige la ley de vivienda”.

“Vamos a hacer cuanto esté en nuestra mano para asegurarnos de que especialmente los inquilinos e inquilinas vean reforzada la protección de sus derechos, porque no puede ser que el mercado de la vivienda se convierta en un mecanismo de extracción de rentas de las clases trabajadoras”, advirtió.

Junto a ello, avanzó su intención de “continuar actuaciones para asegurar el derecho constitucional a la vivienda por encima del interés económico, el lucro o el beneficio de un puñado de operadores económicos”.