“Está llamada a seguir el mismo camino; el del interés general”, vaticinó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó hoy la citada reforma. Además, el Gobierno autorizó el reparto de 783 millones de euros entre las comunidades autónomas para la financiación del nivel acordado del sistema de dependencia.

Bustinduy, que reiteró también su "pleno compromiso con la financiación y con el despliegue total" de la 'ley ELA', se confesó “un optimista irredento” y, por tanto, está convencido de que la nueva ley obtendrá la misma unanimidad.

El ministro agradeció las aportaciones al proyecto presentadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la ONCE, Plena inclusión, la Plataforma del Tercer Sector y otras organizaciones. “Hemos recibido cientos de comunicaciones que nos han servido para mejorar” el texto en esta segunda vuelta, afirmó.

“Le doy las gracias a todas las entidades”, y valoró también el diálogo con las comunidades autónomas y con los agentes sociales. “Ahora enviamos la reforma al Parlamento y estará en manos de cada grupo”. “Cada uno es libre de votar lo que estime y de decidir su posición”, estimó Bustinduy.

Ahora bien, quiso dejar claro que “votar en contra de esta reforma no es votar en contra del Gobierno, sino en contra de ampliar los derechos y la protección de 4,2 millones de personas con discapacidad y de 1,6 millones de personas en situación de dependencia”. Es más, prosiguió, “supone oponerse a afrontar un reto importante para este país, como es el reto demográfico”.

En su opinión, la reforma propone “un giro copernicano” del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD). "Es pasar de gestionar las plazas existentes a adaptarnos a las necesidades y características de las personas usuarias”.

Según Bustinduy, “la pandemia ya demostró que el sistema centrado en la gestión de centros macro residenciales no funcionaba y que no era ni lo que las personas querían, ni lo que la sociedad demandaba”. Con esta reforma, “buscamos que no sean las personas con discapacidad o con dependencia quienes deban desenvolverse y navegar por el sistema”, sino que sea éste el que “dé respuesta a lo que ellas demandan y se adapte”.

Para ello, este proyecto de ley ampliará el catálogo de servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia y las que tienen una discapacidad. Además, prosiguió el ministro, “va a revertir dos recortes importantes” de la década anterior y a “acabar con el dolor” que se le infligió a tantos compatriotas.

En primer lugar, suprimirá el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012 y que seguía vigente en la ley estatal (aunque casi todas las comunidades lo habían eliminado), y eliminará el plazo suspensivo máximo de dos años en el cobro de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. Esta reforma legislativa incluye nuevos servicios en el catálogo de prestaciones del SAAD, como apoyos en viviendas compartidas y también nuevos modelos de convivencia colaborativa.

Prevé la puesta en marcha de una suerte de “bancos de productos de apoyo" que mejoren la autonomía de los usuarios, como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz. Estos artículos se concederán “en préstamo”, explicó.

Otra novedad incorporada en el proceso de escucha a la sociedad es la extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, a fin de evitar que la familia o el cuidador deban reintegrar prestaciones ya percibidas. “Supone un gesto de reconocimiento y respeto hacia quienes cuidan”.

CUIDADOS EN EL DOMICILIO

Asimismo, se permitirá que personas allegadas sin parentesco (amigos, parejas, vecinos…) puedan recibir la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, y también que una persona en situación de dependencia en grado II o III se beneficie de una prestación o servicio transitorios que se adapte a su voluntad, deseos y circunstancias cuando no logre acceder de inmediato al recurso que ha solicitado y que le corresponde por grado.

Si una persona pide entrar en un centro residencial que está cerca de su casa, pero no hay plazas, durante el tiempo que está en lista de espera tendrá opción a recibir una prestación alternativa acorde con su grado, como podría ser la ayuda en el domicilio. De esta manera, recibirá una prestación transitoria hasta que obtenga plaza en su centro residencial de referencia, en lugar de tener que acudir a otro que esté más lejos de su casa y donde la persona tiene menos conexiones sociales, como ocurre actualmente.

Esta reforma legislativa incluye una extensión del servicio de ayuda en el domicilio a actuaciones que van más allá del ámbito doméstico y de las necesidades de cuidado personal. De hecho, su persona cuidadora tendrá la posibilidad de acompañarle en otras actividades dentro de su entorno comunitario, como ir al médico o a hacer la compra.

En esta línea, la reforma también incluye la asistencia personal como un servicio más del Sistema y reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, garantizando su acceso con independencia del territorio en el que residan.

Eleva a rango de ley el carácter complementario de la teleasistencia, que no podrá considerarse como única prestación, sino que deberá combinarse con otros apoyos. También se amplía su ámbito de aplicación más allá del domicilio, permitiendo a personas que viven en residencias recibir este servicio. “Se acabó con su concepción como servicio 'low cost'”, zanjó Bustinduy.

CENTROS DE DÍA

Además, Bustinduy destacó que los centros de día pasarán a considerarse “un servicio de proximidad fundamental para la permanencia de las personas en su domicilio”. Esto implica que se abrirán a prestar apoyos también fuera de sus instalaciones. Atenderán en sus propios domicilios o en espacios de su entorno a aquellos usuarios que vivan cerca y lo requieran.

Entre otros ejemplos, Bustinduy explicó que “podrán organizar catering, promover actividades en un asociación del barrio, etc.”. Los centros de día también servirán de referencia para personas que no son sus usuarias pero que pueden encontrar en ellos otro tipo de servicios.

Otro derecho importante que recoge esta reforma es el de garantizar una atención sanitaria a personas en situación de dependencia sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias. Se establecerán las bases para que los gobiernos autonómicos implementen procedimientos de coordinación entre sus servicios sanitarios y sociales.