Así lo aseveró durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados en respuesta a una interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el acceso de los españoles en situación de necesidad a las ayudas sociales y en la que ironizó asegurando que la formación de Santiago Abascal “siempre” está “en la vanguardia de la innovación en políticas públicas”.

Tras hacer un “ejercicio de paciencia”, Bustinduy hizo hincapié en la “importancia y absoluta prioridad” que le merecen el “problema acuciante de la pobreza y la desigualdad en España”, que, a su juicio, “afronta, efectivamente, un reto inmenso en lo que refiere a desigualdad, pobreza y exclusión social”, teniendo en cuenta que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida, el riesgo de pobreza y exclusión aumentó medio punto el año pasado, hasta un 26,5%, dato que juzgó “extraordinariamente preocupante”, al igual que el incremento de la carencia material severa, que se sitúa en un 9%.

“Yo lo digo sin ambages, son cifras que no podemos consentir y es inaceptable que la cuarta economía de la zona euro, que una democracia avanzada, que un país rico, exhiba unos niveles de pobreza, de desigualdad y de precariedad tan graves año por año”, admitió, consciente de que “estos incrementos han tenido lugar al mismo tiempo” que se han dado mejoras en el salario medio, los índices de pobreza monetaria o la reducción de la brecha salarial.

En este sentido, agregó que “los hogares más vulnerables trabajan más, obtienen más ingresos, se ha reducido la desigualdad y, sin embargo, ha aumentado el riesgo de exclusión social y de carencia material severa” y atribuyó la “discrepancia” de la “combinación” entre estos “datos muy preocupantes y también de datos positivos” al “aumento de precios” de la energía, alimentos y vivienda, que, a su entender, “está teniendo un impacto muy negativo en la cohesión social y en el bienestar del país pese a los avances”.

El titular de Derechos Sociales subrayó, además, que el hecho de que los actuales índices de cohesión social “sigan siendo mejores que los de la década pasada” tras el “escenario de catástrofes recurrentes sin precedentes” de los últimos cuatro años “debe servir para poner en valor algunas de las medidas más eficaces que se pusieron en marcha en estos años, pero también para prepararnos y adaptarnos a un tiempo que, presumiblemente, estará marcado por esta sucesión de shocks y desajustes encadenados y permanentes”.

Junto a ello, denunció el “problema de fondo” que acusa España en relación a la “redistribución” de la riqueza, dado que, según su punto de vista, “el “Estado históricamente ha redistribuido poco y ha redistribuido mal”. “Ha redistribuido poco porque nuestros ingresos fiscales siguen cuatro puntos por debajo de la media europea en relación al PIB y ha redistribuido mal porque, si analizamos la capacidad del Estado de bienestar en España para reducir las desigualdades económicas, nos damos cuenta de que estamos en el puesto 19 de 27 en la Unión Europea”, puntualizó, para reivindicar el avance que supuso el despliegue del escudo social durante la pasada legislatura con el fin de “remediar esta situación”.

“Esto nos permitió completar la recuperación económica en menos de tres años frente a los nueve que tardamos tras la crisis de 2008 y la década marcada por las políticas de austeridad”, precisó, convencido de que “será un caso de estudio en la disciplina económica y de las políticas sociales cómo esta concatenación de crisis ha dado lugar a escenarios radicalmente diferentes por la respuesta que los gobiernos le dieron”.

No obstante, dijo “asumir” que el “mandato” que tiene el Ejecutivo a lo largo de la presente legislatura “no es sencillamente consolidar las medidas del anterior”. “Tenemos que hacer que ese esfuerzo sirva para poder atajar, por fin, los déficits estructurales y los problemas de desigualdad y pobreza que arrastrábamos desde mucho antes de 2020”, sentenció, para fijarse como “tareas fundamentales” la mejora del acceso a la vivienda “empezando por aplicar la ley” así como “mejorar la cobertura de las rentas mínimas y de las transferencias directas a quienes más lo necesitan” e “incrementar la protección económica y social a las familias en España”, a través, entre otras cuestiones, de medidas como aprobar la Ley de Familias, desarrollar la Ley de Servicios Sociales, “agilizar” el Ingreso Mínimo Vital, “promover una transformación profunda” del sistema de bienestar y cuidados o “proteger el tiempo de las personas”.

“Yo soy muy consciente de la gravedad y la complejidad del problema de la pobreza y la exclusión social en España, pero es un problema que no se resuelve con discursos impostados y con mentiras fehacientes, sino democratizando la estructura económica de España, combatiendo la desigualdad de nuestra sociedad y en las relaciones de mercado, redistribuyendo la riqueza y la renta, subiendo los salarios y las prestaciones sociales, ampliando el alcance de nuestro Estado del bienestar”, manifestó, convencido de que, de este modo, también “se genera una sociedad más cohesionada y una economía más próspera” y de que Vox “finge e imposta esta preocupación por la pobreza” con un discurso “hipócrita y contradictorio”.

“Creo que lo que demuestran es que no tienen, en realidad, una sola idea para resolver los problemas sociales de nuestro país y yo me permito dudar de la sinceridad de su preocupación”, resolvió, sabedor también de que “la desigualdad es la principal amenaza que tiene la democracia en España” y de que no será la ultraderecha con “su demagogia, agresividad y racismo explícito” la que ”contribuya a solucionarlo”.

Por su parte, la diputada de Vox Rocío de Meer le acusó de “manipular y mentir gratuitamente a los españoles sobre lo que Vox dice” y le afeó sus “frivolidades ideológicas” al tiempo que le advirtió de que “la mejor política social, la mejor manera de proteger a los españoles es protegiendo su soberanía”.

Frente a ello, urgió al Gobierno “de la estafa social” y que “odia los derechos sociales reales” a “tomarse en serio que primero tienen que estar nuestros conciudadanos y sus intereses” y criticó que “los españoles son los últimos” para el Ejecutivo.