Así lo precisó Bustinduy en declaraciones a los medios de comunicación previas a su reunión con el equipo de abogados expertos del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), en el marco de las actuaciones que el Ministerio de Consumo está realizando en materia de vivienda y en las que estuvo acompañado de los abogados Javier Rubio y Alejandra Jacinto.

A pocos días de la votación de la convalidación del decreto de prórroga de los alquileres, Bustinduy criticó los “chantajes, coacciones e intimidaciones” a las que tienen que “resistir” muchos inquilinos para que “no ejerzan el derecho aprobado por el Gobierno de España”, al tiempo que quiso lanzar un “mensaje de sincero agradecimiento” a sociedad civil, sindicatos de clase y de inquilinos y asociaciones como Oxfam o Amnistía Internacional, que se han “movilizado” para “asegurar” que “todos los inquilinos de este país conozcan el derecho que les asiste a pedir la prórroga obligatoria de sus contratos de alquiler y a que ejerzan ese derecho”.

“Quiero agradecer el inmenso trabajo que están haciendo tantas organizaciones en estas semanas para que, por encima de todas las campañas del miedo, de la intimidación, de los chantajes, prevalezca el derecho democrático de la gente a poder, ni más ni menos que continuar con sus vidas”, apostilló.

En este contexto, lamentó el “efecto que tiene sobre una familia tener que abandonar la vivienda en la que reside porque la ley de la selva de un mercado reducido a un casino inmobiliario, que es lo que está sucediendo con la vivienda en España, antepone el interés para seguir multiplicando el lucro obsceno de un puñado de actores que controlan el mercado al derecho constitucional a la vivienda”.

CARTA

A este respecto, recordó que este viernes su gabinete ha enviado una notificación a más de 500 empresas con más de cincuenta viviendas en alquiler cada una para “informarles de la legislación en vigor”, según la cual “todas las prórrogas que se soliciten son obligatorias y extienden automáticamente las condiciones del contrato de alquiler por dos años”.

Junto a ello, instó a los inquilinos a “hacer valer sus derechos” y a que “presionen a sus representantes políticos para que defiendan sus intereses”. “Para que no hagan como la señora Ayuso, defender a los grandes operadores económicos que se están forrando con la crisis de vivienda que viven las clases trabajadoras en este país”, agregó, al tiempo que les urgió a “que se movilicen”.

“Quedan unos pocos días para la votación y estoy convencido de que el interés general se va a abrir paso y que, si no, quienes sean responsables de expulsar a cientos de miles de familias de sus viviendas van a pagar un altísimo coste político por ello”, sentenció.

En la misma línea, advirtió de que estas grandes empresas “lo que tienen que hacer es respetar la ley y obedecer lo que fija la ley”. “Y es ley en España a día de hoy que las prórrogas que soliciten los inquilinos son de obligado cumplimiento”, prosiguió, al tiempo que indicó que, en su notificación, Consumo “explica con toda la pedagogía y la transparencia posible, cuál es el ordenamiento jurídico vigente a día de hoy en España”.

CUMPLIR LA LEY

“Por lo tanto, no cabe otra opción más que cumplir con la ley”, manifestó, al tiempo que señaló que es “la propia figura del pequeño propietario” la que se ve “amenazada” por una “dinámica” del mercado que, a su juicio, “está favoreciendo que cada vez sean estos grandes fondos, estas grandes instituciones” las que acumulen un mayor número de viviendas y tengan “cada vez más capacidad de determinar cuáles son las reglas y las normas del mercado”.

Para Bustinduy, este hecho, “aparte de una tragedia” para quienes “no pueden comprarse un piso o afrontar un alquiler”, también es “un enorme problema económico para España”, dado que esta “utilización” de la vivienda como “un activo de especulación financiera”, además de “negar el derecho constitucional a la vivienda para cada vez más compatriotas, no está generando ningún tipo de inversión, ni empleo, ni valor agregado”.

“Es, sencillamente, un sumidero por el cual se están transfiriendo cada vez más rentas de las clases trabajadoras a un puñado de agentes económicos que las convierten en lucro, en patrimonio, en riqueza privada, en muchas ocasiones extranjeros”, denunció.

En este punto, cargó contra los “presuntos patriotas, los de los españoles primero”, que, cuando “llega Blackstone, un fondo norteamericano que tiene 30.000 viviendas en España, no dicen nada”. “Eso les parece estupendamente y, de hecho, dicen que van a votar en contra de los inquilinos de ese fondo extranjero el próximo martes”, deslizó, al tiempo que lo tildó de “ridiculez”.

MADRID

Por último, preguntado por la propuesta del Ayuntamiento de Madrid de densificar la edificación en los nuevos barrios, Bustinduy defendió que “hay que construir más vivienda pública en España, protegida a perpetuidad, blindada”.

“¿De qué sirve construir más vivienda si esa vivienda la compran fondos extranjeros que la utilizan solo para especular o si se destina a alquileres fraudulentos de temporada a un precio que nadie puede asumir o a convertirla en pisos turísticos en cuanto pueden?”, se preguntó.

En el mismo sentido, puntualizó que cualquier modelo para aumentar el parque de vivienda en España “debe estar subordinado al interés general” y aseveró que “eso implica tener un parque público de vivienda comparable con los que hay en Europa” y que dicha vivienda “vaya a quienes la necesitan y no a los amigos, los cuñados y los vecinos del PP”.

“Celebramos que una batalla que nosotros llevamos dando años, que es cambiar ese paradigma y que la vivienda pública esté blindada a perpetuidad, se vaya asumiendo y, claro, que todo el esfuerzo de construcción que se haga sea en esa dirección”, manifestó.

En paralelo, reafirmó la urgencia de aumentar el parque público de vivienda y, “al mismo tiempo, regular nuestras ciudades para que no se conviertan en parques temáticos, en centros comerciales”.