Así lo aseveró Bustinduy durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que subrayó que el objetivo es “dejar definitivamente atrás un modelo asistencialista, masificado, centrado en la construcción y la gestión de grandes residencias” y “hacer posible, por el contrario”, un sistema “personalizado, cercano, que permita que la gente continúe viviendo en sus domicilios con los soportes y las ayudas necesarias durante todo el tiempo que lo deseen y con la mayor calidad de vida posible”.

“Con este esfuerzo estamos sentando las condiciones para la aprobación de la reforma de esas dos leyes de dependencia y discapacidad, que lo que buscan es transformar nuestro sistema de cuidados”, abundó.

A este respecto, indicó que no se trata “solo de revertir los recortes del pasado, sino transformar la forma en la que se entienden los cuidados y las situaciones de dependencia en nuestro país”.

“Queremos avanzar hacia la garantía de un servicio público que no esté centrado en la gestión o la organización de grandes instituciones, sino en responder a las necesidades de la ciudadanía, tanto de quienes reciben cuidados, que vamos a ser todos y todas a lo largo de nuestras vidas, como de quienes los prestan, de quienes cuidan”, apostilló.

COHERENTE Y SOSTENIDA

Para Bustinduy, esta es “una senda coherente, sostenida”, que, a su entender, comenzó en la legislatura anterior con el plan de choque, que se “plasmó” en la reforma del artículo 49 de la Constitución, que “avanzó” por medio de la estrategia de cuidados, que se “sustanció también” en el real decreto-ley de financiación de la Ley ELA con la creación del grado lll Plus dentro del sistema de dependencia”.

Además, indicó que “tuvo un impulso fundamental con los fondos europeos” y que ahora, “con este empuje conjunto de una financiación histórica y con la reforma de las leyes que se votará próximamente en el Congreso”, supondrá, según su criterio, “la mayor ampliación del Estado Social y el mayor acto de refuerzo de la democracia española en muchas décadas”.

En paralelo, hizo hincapié en el “formidable consenso transversal” que ha concitado la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad “entre la sociedad civil y entre la gran mayoría de los grupos parlamentarios”.

Tras admitir que la transformación del sistema “requiere de mayores recursos”, el ministro reivindicó que el Gobierno está “poniendo la financiación por delante” y afirmó que, “con todo el trabajo que se ha hecho con la sociedad civil, con todos los actores implicados en estos últimos dos años y medio, es lógico y coherente que vayan a la par”.

Por último, dijo que espera y desea que “pudieran salir adelante por unanimidad”, dado que se trata “de dos cuestiones de interés general”.

“Es el mayor legado que generacionalmente se puede dejar en materia de protección social al país del futuro que lo va a necesitar. Yo ya sé que es una legislatura compleja en la que todo cuesta mucho, pero es el mayor avance que vamos a poder legar en materia social y, por tanto, con ese espíritu trabajamos y estoy convencido de que así será”, resolvió.