Así lo dijo a la prensa antes de reunirse en la sede de su ministerio en Madrid con ocho miembros de la Plataforma Estatal de representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, impulsada por Plena inclusión España, a una semana del inicio de la tramitación en el Congreso de los Diputados de los anteproyectos de la Ley de Derechos de las Personas con discapacidad, y de la Ley de Dependencia.

“Estas no son unas reformas del Ministerio de Derechos Sociales, no son reformas del Gobierno de España, son del país en su conjunto”, remarcó el ministro, que también recordó que las iniciativas cuentan con “un amplísimo consenso social entre las organizaciones de la discapacidad y entre la sociedad española”, por lo que apeló a “un consenso igual de amplio que reflejó la votación del artículo 49 de la Constitución u otras iniciativas, como por ejemplo la ley ELA o el Real Decreto Ley que llevó este Ministerio de inyección extraordinaria de 500 millones de euros en el sistema de la dependencia”.

Bustinduy argumentó que es optimista “porque en esta legislatura, que es compleja y con una mayoría parlamentaria fragmentada, ya se han dado varios episodios en los que se ha demostrado que el interés general puede abrirse paso por encima de la contienda partidista o por encima de los bloqueos o las diferencias”.

La presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, mostró qué en la organización están “contentos” con estas iniciativas legislativas y puso en valor de que se hayan aceptado en los borradores finales 27 de las 73 propuestas de modificación de ambas normas. Laucirica reclamó “un esfuerzo” por parte del Gobierno y en particular del Ministerio de Hacienda, y de “todos los partidos políticos” para que sean “conscientes” de que “para que la vida de las personas cambie hay que hacer una dotación extraordinaria en el presupuesto o en o por el medio que consideren”.

“La dependencia es la puerta de entrada a cambiar la vida de las personas, pero necesita una inyección económica importante para que sea realidad”, reclamó como también hizo Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión. “Sabemos que las leyes son muy novedosas, pero para que sean realidad tienen que tener recursos”, revindicó.

FINANCIACIÓN

Sobre el tema de la financiación, el ministro aseguró que “desde el año 2020 el Gobierno no solo ha neutralizado los recortes del Partido Popular, sino que el gobierno de coalición ha incrementado la financiación de la dependencia hasta un máximo histórico, más de un 150%”.

“Esta financiación se ha triplicado respecto a lo que era el año 2014, pero hace falta más. Y yo he expresado en reiteradas ocasiones mi compromiso a que la gran reforma social del Sistema de la Dependencia en España venga aparejada de una mejora significativa de la financiación del sistema. Es un compromiso que reitero y que reiteraré la semana que viene también”, zanjó.

La presidenta de Plena inclusión indicó que en España hay más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y que derechos como el acceso al empleo (8 de cada 10 personas con discapacidad intelectual no tienen un trabajo remunerado), siguen señalando un largo camino que todavía queda por recorrer para que acceden a una ciudadanía plena.

REIVINDICACIONES

Las personas con discapacidad intelectual le plantearon al ministro Bustinduy cinco reivindicaciones que deberían contemplarse en las nuevas normas, como el reconocimiento del derecho para todos los niños con discapacidad de educarse en los mismos colegios que el resto del alumnado, pero siempre que cuenten con los apoyos necesarios; y que se reconozca el empleo personalizado como otra modalidad más de apoyo al empleo de las personas con discapacidad.

En el encuentro con el ministro, también se pidió contemplar la libre elección y la capacidad de control sobre las decisiones que afectan a las vidas de las personas con discapacidad, con apoyos, si son necesarios; garantizar que las personas con discapacidad puedan elegir dónde, cómo y con quien quieren vivir, transformando el servicio de cuidados y apoyos en viviendas para asegurar que sean independientes y desarrollen su proyecto de vida; y que exista el compromiso, en el plazo máximo de un año, de regular un servicio o prestación esencial la asistencia personal, para que las personas con discapacidad puedan tener una vida elegida, conectada con su ciudad o pueblo, y que colabore a construir una sociedad más inclusiva.