Así lo avanzó tras la reunión que mantuvo con el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, y en la que también participaron la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; el presidente de la European Anty-Poverty Network, Carlos Susías; la vicepresidenta y secretaria general Cruz Roja Española, Asunción Montero; la vicepresidenta y secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro; y el secretario general del Consejo General de la ONCE y secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, Rafael de Lorenzo, según precisó el gabinete de Bustinduy en un comunicado.

En el encuentro, el ministro propuso a la Plataforma del Tercer Sector una “alianza” para “fortalecer” las políticas sociales a través de una “estrecha colaboración” entre la Administración General del Estado y las organizaciones que forman parte de esta plataforma y que, a su juicio, resultan “fundamentales” para desplegar políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

A este respecto, señaló que una de sus “prioridades” para este año es aprobar el Real Decreto de Entidades Colaboradoras, una medida que, según el Ministerio, supondrá un “vínculo y reconocimiento vital” por parte del Estado hacia las organizaciones que han participado en la implementación de medidas sociales.

Asimismo, se comprometió también a sacar adelante en 2024 la Orden Ministerial por la que se creará y regulará el Observatorio Estatal del Voluntariado, un órgano consultivo que facilitará la coordinación entre la Administración General del Estado y las entidades del ámbito de lo social.

“Hay que sostener una colaboración estable en los ámbitos de mutuo interés para desplegar más políticas sociales y ensanchar los derechos adquiridos”, advirtió el ministro ante los representantes de la Plataforma del Tercer Sector, a quienes agradeció su labor y con quienes, según su departamento, “va a seguir trabajando para desarrollar en 2025 un nuevo Acuerdo Marco de Colaboración con este sector”.

Por su parte, Luciano Poyato expuso la necesidad de seguir impulsando las políticas públicas encaminadas a reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Para ello, solicitó al ministro que tenga en cuenta al Tercer Sector como un “aliado estratégico” y le ofreció la colaboración de la Plataforma del Tercer Sector, "apostando" por una interlocución “real y efectiva” e “impulsando el diálogo civil”.

Por lo que respecta a la Comisión para el Diálogo Civil, Rafael de Lorenzo mostró la necesidad de dotar a este órgano de mayor relevancia para alcanzar una relación “fluida, coordinada y global con el conjunto del Gobierno”.

Por último, la vicepresidenta de Impacto Social y Cohesión Interna, Natalia Peiro, hizo balance del acuerdo de colaboración firmado con el anterior Ministerio de Derechos Sociales y solicitó reactivar los objetivos que se vieron paralizados por la convocatoria de elecciones, "especialmente" aquellos vinculados con los desarrollos normativos pendientes de la Ley del Tercer Sector y la Ley de Voluntariado.

De cara a la nueva legislatura, la entidad planteó “aspectos clave” al ministro de Derechos Sociales con el objetivo de lograr un nuevo acuerdo de colaboración. Entre ellos, tres elementos que considera “principales”, como son impulsar el diálogo civil, la garantía de derechos y políticas sociales y mejorar en la sostenibilidad del Tercer Sector.