Así lo precisó Bustinduy en una entrevista en TVE, recogida por Servimedia y en la que denunció que el “modus operandi”, la “estrategia y el estilo, marca de la casa” de la compañía “es bien conocida” y que, entre otras cuestiones, “utiliza a las ciudades y a las regiones como piezas dentro de esa estrategia de presión y de chantaje” y “también lo hace para percibir ayudas públicas y subvenciones”, algo de lo que, criticó, “nunca habla”.

“En este último episodio, lo que quiere Ryanair es que las tasas de AENA, que para lo que sirven es para mantener nuestra infraestructura aeroportuaria, se le rebajen a ella para ganar más dinero”, agregó, al tiempo que puntualizó que la aerolínea ganó “820 millones en el primer trimestre, mientras subía un 20% el precio de los billetes”.

A este respecto, incidió en que “esto es conocido” y en que “su estrategia y su estilo es amedrentar, es insultar, es una falta de educación lacerante”, convencido de la necesidad de preguntarse si en España “la ley tiene que adaptarse al modelo de negocio de estas multinacionales que ganan una cantidad inimaginable de dinero o es el modelo de negocio de las grandes multinacionales el que tiene que someterse y adaptarse a la ley”.

“Yo soy el ministro de Consumo, mi obligación es defender los derechos de los consumidores en España y no los intereses o los beneficios de una multinacional extranjera privada”, abundó, al tiempo que se preguntó que si, como “potencia mundial en turismo”, en esta materia “España no puede mantener una posición firme” recordando a estas multinacionales que “aquí hay unas normas y unas reglas del juego” y que el país “es una democracia” en la que se deben “cumplir las leyes”, en “cuál puede hacerlo”.

NI UN CENTÍMETRO

Tras advertir de que él, “desde luego”, no va a “ceder un centímetro en la defensa de los derechos de los consumidores en España”, Bustinduy consideró “gravísima” la reunión que ya mantuvo el CEO de la aerolínea irlandesa con el comisario de Transportes de la UE.

“No porque le reciba, que puede entrar dentro de la normalidad, aunque recibirle justo en medio de una campaña de ataques e insultos al Gobierno de España es de dudosa oportunidad”, afirmó, al tiempo que hizo hincapié en que en verano, Michael O’Leary “declaró públicamente que iba a acudir a la Comisión Europea para que anulara las multas que el Ministerio de Consumo le puso a su compañía, 107 millones de euros, por cobrarle a las familias por sentarse con sus hijos, a las personas dependientes por sentarse al lado de quienes les prestan apoyo o por la maleta de mano, que es una práctica ilegal, según la ley española y el Tribunal de Justicia de la UE”, apostilló.

En este contexto, lamentó que. “pocas semanas después” de esas declaraciones, el comisario le haya recibido, reunión ante la que él le remitió una carta en la que le advirtió de que “lo mínimo es que escuchase antes al Gobierno de España sobre esta cuestión que al CEO de una compañía que, además, es conocido por su mala educación y por estar lanzando una campaña continuada contra el Gobierno de un Estado miembro”.

“Yo voy a hablar con el comisario y lo que le voy a decir es muy sencillo, es que sería difícil de entender que la Comisión Europea se pusiera del lado de los intereses económicos de una multinacional y no de los derechos de los consumidores europeos”, adelantó.

Preguntado por si se siente respaldado por Bruselas, el titular de Consumo señaló que la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo votó hace pocos meses a favor de “avalar la política del Gobierno de España, que es que la maleta de mano debe ser gratuita”.

EJEMPLO

“Es lo que dice la ley y lo que dice una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE”, reiteró, al tiempo que subrayó que organizaciones de consumidores de 12 países europeos “han presentado denuncias para que sus gobiernos y sus autoridades de consumo sigan el ejemplo que ha marcado España”.

En este sentido, se mostró “muy orgulloso” de que el país “esté a la vanguardia en la defensa de los derechos de los consumidores”. “Y, si la Comisión Europea decide tomar otra postura, yo voy a defender, ante la Comisión Europea y ante quien haga falta, que deben primar los derechos de los consumidores antes que los intereses y los beneficios astronómicos de una multinacional que, además, es conocida por tratar bastante mal a sus trabajadores y de una manera muy mejorable a sus clientes y a los consumidores europeos”, resolvió.