Así lo aseveró durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que, preguntado por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obliga a Airbnb a eliminar de su plataforma una primera tanda de 5.800 anuncios que incumplirían la legislación después de que el Ministerio le ordenase bloquear más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos, aseguró que dicho auto “constituye un importante aval a la acción del Ministerio del Consumo”.

“El Ministerio de Consumo ha hecho su trabajo, anunciamos que íbamos a perseguir la publicidad ilícita de pisos turísticos que no cumplen con la normativa vigente y se trata de un importante aval judicial a esas actuaciones”, abundó, convencido de que la “mucha repercusión” que ha tenido la medida a nivel internacional “es la mejor prueba del hecho de que se trata de una cuestión de profundo interés social”.

Junto a ello, hizo hincapié en que, además, se trata de una “importante victoria para quienes defienden el derecho a la vivienda en este país” y en que la “premisa” desde la que su departamento opera “es siempre la misma", esto es, "que ningún interés económico debe estar por encima del derecho a la vivienda y que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.

Por lo que se refiere a las actuaciones que sigan a ese auto judicial, señaló que, “evidentemente, es el tribunal quien es responsable de ellas” y expresó su “respeto escrupuloso por su acción”.

FUNCIÓN SOCIAL

En este contexto, recordó que esos 65.935 anuncios ilegales de pisos turísticos que su cartera ordenó bloquear hacen referencia a viviendas “donde antes residían familias, trabajadores, estudiantes”, razón por la cual estimó que “lo más importante” ahora es “asegurar” que “vuelvan a la función que no tenían que haber abandonado” y, por tanto, que se pongan en alquiler asequible para “poder afrontar la formidable crisis de vivienda que viven las mayorías trabajadoras en este país”.

“Y hay mecanismos, existen los mecanismos para asegurar que los grandes tenedores pongan esas viviendas a un alquiler asequible; se llama Ley de Vivienda, se llama declaración de zonas tensionadas y tope al precio de los alquileres”, advirtió, al tiempo que reiteró que, “si en muchas de las grandes ciudades en España no bajan los alquileres, es porque el PP no quiere, es porque el señor Feijóo no quiere”.

En este punto, Bustinduy quiso “conminar una vez más” a las comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' a que “apliquen” dicha ley e “instauren los topes a los alquileres” con el fin de “aliviar” las “enormes dificultades” que, a su juicio, afrontan “millones de familias trabajadoras en este país para acceder a lo que es su derecho constitucional a la vivienda”.