Derechos sociales

Bustinduy subraya que la Ley de Familias es una “altísima prioridad” y promete una “revolución” del sistema de dependencia

MADRID
SERVIMEDIA

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, subrayó este jueves que la Ley de Familias, que llevará al Consejo de Ministros “en las próximas semanas”, es una “altísima prioridad” para su departamento y, junto a ello, se comprometió a "redoblar la protección" de las personas más vulnerables y a realizar una “revolución” en el sistema de dependencia.

Así lo avanzó en una entrevista en RNE recogida por Servimedia y en la que confesó que “asume” como “uno de los retos para esta legislatura” el “consolidar” los, a su juicio, “enormes avances en algunos casos” que se dieron en materia de política social en la legislatura pasada.

Con relación a la Ley de Familias, manifestó la “voluntad” del Gobierno de, “cuanto antes, encontrar la manera de poder volver a procesar avances” como la posibilidad de disfrutar del permiso de lactancia consolidado de manera universal “contando con los apoyos necesarios para que se apliquen”.

“Yo soy optimista, creo que es de tal importancia la reforma de la que estamos hablando que encontraremos la manera de aprobarla cuanto antes”, sentenció, para insistir en que su “intención” es poder iniciar el proceso para la tramitación de este proyecto de ley “en las próximas semanas”, dado que, según su criterio, “tiene una importancia enorme”.

“Es una altísima prioridad dentro de la agenda de nuestro ministerio, porque es una ley que va a pasar a reconocer legislativamente los derechos de todos los tipos de familias que existen en España”, defendió, para agregar que la norma “va a hacer cosas tan importantes” como “equiparar por fin de manera total” los derechos de las parejas de hecho con los derechos de los matrimonios y “dar una protección especial” a las familias monoparentales y “específicamente a las familias monomarentales”.

En este sentido, su aspiración es que la ley "sirva para poder ampliar los permisos de maternidad y paternidad y también para incorporar la retribución del permiso parental de cuidados”, convencido de que “va a ser un hito en la política social de nuestro país”.

REDOBLAR LA PROTECCIÓN

Bustinduy puntualizó, a este respecto, que la “intención” de su departamento es “redoblar la protección desde los poderes públicos a quienes más lo necesitan”, como es el caso, a su juicio, de las familias monomarentales.

“Nuestra intención es retomar esa senda e intensificarla si puede ser”, agregó, para, a continuación, hacer referencia a los “compromisos adquiridos” por el Ejecutivo y que, por ejemplo, “implican" que "por lo menos" cuatro de las ocho semanas de permisos parentales de cuidados que se pueden disfrutar hasta los ocho años de edad de cada uno de los hijos "deben ser remuneradas”. “Tenemos que, con celeridad, encontrar la fórmula, la manera de irlo incorporando a nuestro ordenamiento”, admitió, para señalar que el “plazo firme” para lograrlo concluye en agosto.

En cuanto a los tipos de permisos por cuidados de personas con algún grado de dependencia, que también incluía la ley y que, recordó, “están en vigor y se aprobaron por decreto ley antes de que decayera la tramitación de la Ley de Familias”, abogó por “asentarlos e incorporarlos no solo a nuestro ordenamiento jurídico, sino también a la práctica”.

LEY DE SERVICIOS SOCIALES

En paralelo, Bustinduy afirmó que la Ley de Servicios Sociales es “otra de las grandísimas prioridades” que “hereda” su ministerio y que, a su entender, “tiene un planteamiento bien sencillo”, convencido de que “es hora, tenemos el reto, la responsabilidad histórica" de "hacer algo parecido con los servicios sociales” a la Ley General de Sanidad, que, en su día, supuso “un hito” para la “construcción” del sistema público de salud.

“Para los servicios sociales nunca ha habido algo parecido”, lamentó, para reivindicar la aprobación de “un marco de coordinación y cooperación entre todos los servicios sociales" de cada comunidad autónoma con el fin de "poder garantizar la universalidad de los derechos” así como su “portabilidad” para que “no dependa del lugar de residencia que alguien pueda ejercer los derechos que tiene reconocidos”.

En este punto, aseguró que dicha ley “va a hacer algo tan importante también como declarar los servicios sociales como servicios públicos esenciales”, lo que, según su punto de vista, los “va a situar en el lugar prioritario que les corresponde dentro de nuestro ordenamiento”, además de “exceptuar” las ayudas de emergencia a las familias de la Ley de Subvenciones, algo que juzgó “de gran importancia” porque se trata de “agilizar, aligerar y aliviar esas cargas -burocráticas- para poder actuar de manera mucho más eficaz y mucho más rápida”.

DEPENDENCIA

Por último, con relación al sistema de dependencia, afirmó que el Gobierno se plantea como “una de sus principales y primeras prioridades” una “revolución” del sistema de dependencia y del modelo de cuidados en España frente a los “años de austeridad” en los que, a su juicio, se “recortó de manera salvaje” el gasto tras el “hito” que supuso para la política social en España la aprobación de la Ley de Dependencia.

En este contexto, hizo hincapié en que, en la legislatura pasada, el Gobierno central “aumentó” su gasto en dependencia “un 130%, de 1.400 millones a 3.200 millones” para "colmar ese agujero y esa laguna que se heredó del Gobierno de Mariano Rajoy” e insistió en su “compromiso” de “no sólo mantener, sino aumentar ese ritmo de incremento del gasto público de la Administración General del Estado” hasta alcanzar “el 50% de la financiación de la dependencia en España”.

Con todo, se mostró convencido de que "no se trata solo de poner más dinero y más financiación, sino de cambiar el modelo de cuidados en España” después de una pandemia que, a su entender, puso de manifiesto que “lo que estábamos haciendo no funciona” y que, “ante la realidad demográfica, histórica y sociológica que tiene que ver con que cada vez vivimos más años y necesitaremos más cuidados y tenemos el derecho también a ser cuidados y cuidadas en condiciones de dignidad y de plena autonomía” es necesario “transformar ese modelo”.

Por ello, adelantó que este “aumento” de financiación por parte de la Administración General del Estado “va a estar vinculada a una serie de requisitos” relacionados con la urgencia de “avanzar” hacia un modelo de cuidados “centrado en la persona, que busque que la gente pueda permanecer en su domicilio a lo largo de su vida, que reciba atención domiciliaria, que se respete la autonomía y el entorno comunitario y que no perdamos nuestras redes y nuestros vínculos”.

“Es toda una transformación, muy ambiciosa pero muy importante, del modelo de cuidados y de atención a la dependencia en España”, resolvió.

(SERVIMEDIA)
18 Ene 2024
MJR/gja