Así lo aseveró en una rueda de prensa en la que expuso los detalles de la sanción impuesta a la multinacional Airbnb, por valor de 64.055.311 euros por infracciones a la normativa de consumo.

Con esta intervención, que, según puntualizó Bustinduy, “supone la segunda mayor sanción impuesta jamás por una autoridad de consumo en España” tras la de 108 millones de euros a Ryanair, el ministerio que lidera “refuerza” su “tarea de control y sanción frente a las prácticas abusivas en el ámbito de la vivienda”, que, a su juicio, “ha constituido una prioridad absoluta de este ministerio en esta legislatura”.

“Y es también una demostración de que, cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún actor económico puede eludir sus obligaciones”, abundó, al tiempo que indicó que esta sanción “se centra en cuatro infracciones”.

“La primera son prácticas comerciales desleales con los consumidores que consisten en la publicidad de alojamientos que infringen la normativa sectorial de viviendas de uso turístico y prácticas de publicidad engañosa”, explicitó.

MÁS INFRACCIONES

La segunda es la “omisión de información sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones de estas viviendas de uso turístico”. “La tercera es la negativa a suministrar datos para la vigilancia e inspección por parte del Ministerio y la cuarta y última es el incumplimiento de los deberes y prohibiciones que han sido impuestas durante el procedimiento”, agregó.

En este contexto, recordó que, en octubre del año 2024, la Dirección General de Consumo notificó a esta plataforma la existencia de publicidad ilícita relativa a más de 65.000 anuncios de pisos turísticos, que fueron retirados, y, “ante la inacción de la plataforma”, se produjo la incoación del expediente sancionador en diciembre del año 2024.

La multinacional recurrió las medidas preventivas de tal expediente ante la Dirección General de Consumo, que las desestimó y, posteriormente, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pidiendo la suspensión cautelar de su ejecución.

“El Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó las actuaciones de este ministerio y hoy conocemos el resultado final de este expediente que resulta en esta sanción por la cual Airbnb tendrá que pagar más de 64 millones de euros por los anuncios ilícitos de un total de 65.122 pisos turísticos”, aseveró.

AIRBNB NO ACTUÓ

Respecto a la cuantía de la sanción, subrayó que “esta responde al tiempo en que este contenido ilícito estuvo activo en la plataforma y generó beneficios cuando la empresa ya conocía su carácter ilícito y, aún así, no actuó para corregirlo”.

“Lo hemos dicho desde el primer día de esta legislatura, desde este ministerio vamos a defender los derechos de los consumidores en todos y cada uno de los ámbitos económicos, sin importar lo grande o poderosa que resulte ninguna empresa que pueda resultar implicada en prácticas abusivas o fraudulentas”, prosiguió.

Para Bustinduy, “no puede haber modelos de negocio construidos al margen de la ley” y, en este sentido, incidió en que, cuando su departamento puede “demostrar un ilícito o una conducta abusiva”, aplica la legislación española “con todo el rigor y con total determinación”.

“Y esto es algo particularmente importante en el ámbito de la vivienda, que es la primera preocupación de la ciudadanía española y que es el mayor problema que afrontan las familias trabajadoras en este país”, apostilló, al tiempo que quiso “enviar un mensaje muy claro a todos los operadores económicos que intentan lucrarse en el mercado de la vivienda a expensas del derecho institucional de los ciudadanos de nuestro país”.

TOTAL DETERMINACIÓN

A este respecto, les avanzó que Consumo va a “seguir actuando con total determinación para erradicar esos comportamientos”, convencido de que estas últimas actuaciones “son una buena muestra de ello, de la voluntad férrea de este ministerio de salvaguardar y proteger el derecho constitucional a la vivienda erradicando las prácticas especulativas y lesivas del ordenamiento jurídico español”, que, a su entender, “están asfixiando a las familias trabajadoras en España”.

En este contexto, Bustinduy afirmó que la sanción, que agota la vía administrativa, “es firme” y, por tanto, Airbnb “tendrá que pagar esta multa”, si bien la empresa “tendrá derecho, si lo estima conveniente, de recurrir ante la justicia”.

Preguntado por actuaciones complementarias en el ámbito de la vivienda, el ministro subrayó que Consumo tiene en curso otros expedientes sancionadores sobre los que no se puede “pronunciar al estar en curso”, pero que “responden al mismo propósito y se van a desarrollar y a llevar a cabo con la misma determinación”.

“En este país se va a cumplir la ley y no hay empresa, por grande poderosa que sea, que pueda desarrollar un modelo de negocio que esté al margen de la ley o que sea contrario a la ley”, insistió.

DERECHO CONSTITUCIONAL

En este punto, consideró que, “especialmente en el ámbito de la vivienda, es fundamental que los poderes públicos hagan cuanto esté en su mano para garantizar el derecho constitucional a la vivienda y, desde luego, para poner coto a las prácticas de especulación que están secuestrando el derecho constitucional a la vivienda y asfixiando la vida cotidiana de millones de familias trabajadoras”.

“Este ministerio lo ha declarado desde el primer día: va a hacer cuanto esté en su mano para garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos españoles a la vivienda”, reiteró.

Por último, hizo hincapié en los “varios” expedientes también incoados desde su gabinete, relativos “específicamente” a “supuestas prácticas abusivas y a denuncias de prácticas abusivas por parte de grandes inmobiliarias” respecto a los derechos de inquilinos y que se refieren a prácticas como la obligación de contratar servicios no deseados o hacer recaer el pago de honorarios relativos a la formalización de un contrato de arrendamiento sobre el inquilino, que “están prohibidas explícitamente por la ley de vivienda”.