Así lo aseveró Bustinduy durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros después de que la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, le haya pedido una reunión para abordar la financiación del sistema de dependencia al entender que el Gobierno debe a la región 3.000 millones de euros.

En este sentido, el ministro avanzó que “por supuesto” va a “atender” a la consejera de Madrid, “como a todas las consejerías en este ámbito”, en el que, subrayó, “además” trabajan “de la mano” porque tienen “un objetivo común”, como es el de “llevar adelante la reforma del sistema de la dependencia y la mejora de la financiación” del mismo.

“Es casi irónico, porque no es la primera la Comunidad de Madrid que lo hace, que desde el PP se esgrima la existencia de una deuda en materia de financiación al sistema de la dependencia cuando los gobiernos de Mariano Rajoy recortaron 5.406 millones de euros del sistema de la dependencia dejándolo en una situación agonizante”, aseveró.

En paralelo, puntualizó que, cuando el Gobierno de coalición “tomó las riendas” del sistema de la dependencia, el coste que habían supuesto los recortes “para su propia viabilidad” ya “amenazaba su misma existencia”. “Y hay muy pocos precedentes, en materia de políticas públicas y especialmente de políticas sociales, del esfuerzo presupuestario y financiero que se ha hecho desde el año 2020 en esta materia”, reivindicó.

MÁXIMO HISTÓRICO

A este respecto, hizo hincapié en que los fondos de la dependencia de la Administración General del Estado “han aumentado más de un 160% hasta alcanzar un máximo histórico este año de más de 3.600 millones de euros”, a los que hay que añadir “casi 3.000 millones de euros de los fondos europeos”.

“España ha sido el único país que ha destinado los fondos europeos precisamente a la transformación del modelo de cuidados y mantenemos el compromiso político, que forma parte del acuerdo de coalición, de alcanzar el 50% de la financiación por parte de la Administración General del Estado”, apostilló.

Asimismo, se mostró convencido de que la consejera de la Comunidad de Madrid “sabe perfectamente, como todas las demás”, que ese 50% “es un compromiso político que ha impulsado la izquierda y acordado con el Partido Socialista para esta legislatura”.

“No es una obligación legal”, advirtió, al tiempo que señaló que “calcular una supuesta deuda contraída a partir de los recortes del mismo PP” es la “manera de reconocer, en este juego de espejos estrambóticos” en los que, a su juicio, “se ha convertido la política española”, el “trabajo” y la “credibilidad de este Gobierno para construir un sistema de la dependencia como el que necesita la sociedad española”.

En la misma línea, reafirmó que atenderá la solicitud de la consejera madrileña y le contestará, “aparte de recordarle lo que ella ya sabe, que esto no es una obligación legal, sino que es un compromiso político” que está impulsando él “en concreto”.

“Y lo vamos a conseguir, vamos a llevar la financiación de la dependencia a donde necesita, de la par con la transformación del modelo de cuidados que va en la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia”, abundó, al tiempo que dijo esperar “que puedan salir por unanimidad”.

Por último, admitió que, según su criterio, “no se entendería lo contrario”. “No se entendería que nadie lo obstaculizara y, por tanto, con mucho gusto podré tener esta conversación con la consejera”, resolvió.