Así lo avanzó en declaraciones remitidas a los medios después de que el Colegio de Comisarios de la Comisión Europea haya decidido abrir un expediente por las sanciones que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impuso en noviembre de 2024 a las aerolíneas 'low cost' Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea por prácticas abusivas como cobrar suplementos por el equipaje de mano.

En dichas declaraciones, Bustinduy puntualizó que la práctica “abusiva” de cobrar por las maletas de mano “supone un conflicto claro entre los intereses de la gran industria de las aerolíneas en Europa y los derechos de los consumidores”.

A este respecto, ve “lamentable” que la Comisión Europea “haya decidido posicionarse abiertamente como el abogado defensor de este puñado de grandes multinacionales que se están lucrando a costa de los derechos de los consumidores”.

“La Comisión Europea ha decidido desoír todas las explicaciones que aportó el Ministerio de Consumo y desoír también, lo que es aún más grave, a las organizaciones de consumidores europeos, con los que ni siquiera se ha reunido”, criticó, al tiempo que denunció que también “ha desoído la posición del Parlamento Europeo, que es contraria a los postulados que está defendiendo la Comisión en este caso”.

RYANAIR

En paralelo, lamentó que, “además, está haciendo lo que ya había anunciado el señor O’Leary, el CEO de Ryanair este verano”, quien, recordó Bustinduy, “públicamente manifestó, desveló, que esta iba a ser la posición que iba a adoptar la Comisión Europea”. “Cuando yo tuve ocasión de reunirme, por fin, tras meses de solicitar esa reunión, con el comisario de Transportes, lo que me encontré fue, básicamente, el argumentario de Ryanair”, subrayó.

Por todo ello, estimó que “no es sorprendente esta posición” de Bruselas, aunque, a su entender, “sí es lamentable”. “Sí es lamentable que la Comisión decida interferir e intervenir de esta manera, ignorando y dando la espalda a los derechos de los consumidores europeos, a los que ni siquiera ha escuchado y que han iniciado en 13 países europeos acciones para seguir la línea del Ministerio de Consumo y defender los derechos de los consumidores en esta materia”, apostilló.

En este sentido, reconoció que, “desde el principio”, su gabinete sabía que se trata de “un ámbito en el que hay poderosísimos intereses en juego y que las grandes empresas y las grandes multinacionales se mueven muy bien en los pasillos y haciendo lobby con las grandes instituciones”.

No obstante, adelantó que, “con total normalidad, con total serenidad”, el Ministerio de Consumo va a “cumplir” con su “obligación”, que es la de “defender los derechos de los consumidores en España, no los intereses y los beneficios de un puñado de grandes empresas”.

TJUE

“Así que iremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vamos a defender con todo rigor nuestra posición, que está basada precisamente en una sentencia del año 2014 de ese mismo tribunal, que está basada en la ley española y, por tanto, vamos a defender las veces que haga falta y ante quien haga falta que primen los derechos de los consumidores y el interés general sobre el lucro y el beneficio desmedido de un puñado de grandes multinacionales”, sentenció.

Para el ministro, “es lamentable que, en este contexto geopolítico, además, hayamos visto a la Comisión Europea ser tan débil y tan blandita con los poderosos y que, sin embargo, no duden en intervenir e interferir en un proceso judicial en curso para blindar y para intentar proteger los intereses de unos pocos”.

“Así que, desde luego, nuestra postura no va a cambiar, la vamos a defender hasta las últimas consecuencias y, mientras en España haya un Ministerio de Consumo que tenga las prioridades bien claras, no vamos a ceder en la defensa del interés general y de los derechos de los consumidores frente al lucro de las grandes multinacionales”, resolvió.

En un mensaje publicado en sus redes sociales nada más conocerse la apertura del expediente, Bustinduy quiso “ratificar la posición del ministerio”. “Nuestras sanciones se basan en una sentencia del TJUE del año 2014, en la ley española y en anteponer los intereses de los consumidores a los beneficios de las grandes empresas y esto lo vamos a defender ante quien haga falta y donde haga falta”, reiteró, al tiempo que advirtió de que su departamento “no se va a mover de lo que es su obligación: defender los derechos de los consumidores”.

COMISARIO DE TRANSPORTES

En la misma línea, fuentes del ministerio confirmaron que el Comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha sido quien ha propuesto la apertura de este expediente al considerar que estas sanciones entran en conflicto con la libertad tarifaria de la Unión Europea.

Este expediente consiste en un procedimiento “formal y habitual” que la Comisión Europea pone en marcha con todos los países miembro cuando considera que se produce una “discrepancia entre el procedimiento de un Estado o una legislación nacional y la normativa comunitaria”, según las mismas fuentes.

Tras señalar que cada año “se abren una media de 30 expedientes de este tipo”, hicieron hincapié en que, “sin ir más lejos, España tiene abiertos actualmente 94”, uno de los cuales, por ejemplo, se abrió tras la OPA del BBVA al Sabadell.

Ante este expediente, el Gobierno de España tiene ahora un plazo de dos meses para dar una respuesta a la solicitud de información de la Comisión y, después, el procedimiento podría pasar al TJUE, que será el que finalmente lo resuelva, pudiendo desestimar la demanda de la Comisión si considera que no tiene base, o instar a España a cambiar su legislación.

NO ALTERA LAS SANCIONES

Las mismas fuentes explicaron que, “en cualquier caso, este expediente no altera las sanciones a las cinco aerolíneas low cost por parte del Gobierno de España, que siguen en curso, y que actualmente se encuentran recurridas en vía judicial, cuatro de ellas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otra en la Audiencia Nacional”.

“La Comisión Europea no tiene potestad para decidir sobre la viabilidad de las sanciones o la interpretación de la normativa europea, que es competencia del TJUE”, abundaron, al tiempo que indicaron que, por su parte, el ministerio que lidera Bustinduy “se reafirma en que la argumentación jurídica que sustenta estas sanciones se ajusta escrupulosamente” tanto a la legislación española como a la jurisdicción europea, tal y como refiere la sentencia del TJUE del 18 de septiembre de 2014 (Vueling Airlines contra Instituto Galego de Consumo de Galicia. Asunto C 487/12).

Dicha sentencia estableció que el equipaje de mano “debe considerarse, en principio, un elemento indispensable del transporte de los pasajeros y que su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables”.

Además, en octubre del 2023, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se fijaba esto mismo, que el equipaje de mano “no puede ser objeto de un suplemento de precio en base a esta sentencia”, prosiguieron las mismas fuentes, al tiempo que incidieron en que, este año, en junio, el Parlamento Europeo ratificó que cobrar por el equipaje de mano es ilegal.

PARLAMENTO EUROPEO

“Fue el posicionamiento adoptado por amplia mayoría (38 votos de un total de 42) en la Comisión de Transportes del Europarlamento”, deslizaron, al tiempo que recordaron que también este año, en mayo, 16 asociaciones de consumidores de 12 países de la Unión Europea, incluido España, presentaron denuncias contra aerolíneas low cost por cobrar “tasas indebidas” en el equipaje de mano, apoyando así las sanciones impuestas por el ministerio que dirige Pablo Bustinduy en España.

Además, ese mismo mes, el BEUC, organización que representa a 44 asociaciones de consumidores de 31 países europeos, presentó una denuncia ante la Comisión Europea para que las autoridades comunitarias investiguen las tasas abusivas que cobran siete aerolíneas y presentó también esta denuncia ante la Red CPC (Cooperación para la Protección de los Consumidores), que permite a las autoridades nacionales de Consumo de los Estados miembro coordinar investigaciones y sanciones frente a prácticas comerciales ilegales transfronterizas.