Así lo advirtió en declaraciones a los medios de comunicación en Valencia, adonde acudió para reunirse con el Consejo de Trabajadoras Sociales y visitar una de las protectoras beneficiarias de las subvenciones que otorgó el Ministerio con motivo de la dana.

Preguntado por la propuesta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado a Bruselas, Bustinduy defendió que es “muy positivo” que el Ejecutivo español “esté reclamando ante la Comisión Europea una intervención drástica de un mercado que no está funcionando a nivel comunitario”.

“Que está propiciando que la vivienda se esté convirtiendo en el principal factor de riesgo de exclusión social o de pobreza en países como España”, agregó, convencido de que, por tanto, “es muy positivo” que el Gobierno de España “abandere esa lucha por una intervención política de este mercado”.

Tras puntualizar que la normativa y la legislación comunitaria “tienen mucho que decir sobre esto”, el ministro denunció que, en España, el año pasado “seis de cada diez viviendas que se compraron sin hipoteca, al contado”, lo cual “indica” que no lo hicieron “familias, jóvenes que se independizan, ni gente que se compra una casa para vivir en ella”.

“Eso son grandes fondos de inversión, grandes empresas que están comprando viviendas como una inversión especulativa para, a continuación, intentar ponerlas a alquiler a precios absolutamente desorbitados y una parte de la normativa comunitaria tiene que ver con esto”, explicitó.

INTERVENCIÓN

En este contexto, estimó que “hacen falta, por supuesto, mecanismos de intervención del mercado de la vivienda”, que, incidió, “está funcionando como una aspiradora de riqueza”, al tiempo que reivindicó el borrador de decreto ley presentado por Sumar para su negociación en la coalición de Gobierno.

Sus objetivos son “proteger de manera inmediata a todos los inquilinos del país”, prorrogando tres años todos los contratos existentes y congelando los precios de los alquileres para “que no se puedan subir”.

Junto a ello, incidió en la urgencia de “acabar con la acaparación de viviendas” y de que cualquier persona física o jurídica que posea más de cuatro viviendas “tenga que tributar de manera muy importante por ello”.

“Y, en tercer lugar, prohibir las compras especulativas; que, si se va a comprar una casa que no es para residir en ella, que es para poner en alquiler, que tenga que ser alquiler asequible para neutralizar la lógica de especulación”, resolvió.

A su entender, se trata de “medidas de sentido común, viables, de aplicación inmediata”, razón por la cual dijo esperar que la negociación “sea productiva” y que “puedan ser de aplicación cuanto antes”.