Así lo pusieron hoy de manifiesto los responsables de la política de telecomunicaciones del partido, durante la clausura de unas ornadas organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) sobre el futuro de sector.

Según explicó el coordinador de la ejecutiva del PP, Miguel Angel Rodríguez, las licencias que se adjudiquen en julio a través del acuerdo parlamentario de la ley de cable quedarán derogadas con un futuro gobierno de Aznar.

También llevó más allá su pulso con el Gobierno en torno al desarrollo del sector del cable al indicar que su partido es contrario a la limitación legal de que ningún operadr pueda acaparar un mercado superior a los 1,5 millones de abonados, y señaló que los gobiernos municipales del PP prohibirán operar en pruebas a Telefónica, a pesar de que lo dice la ley que ahora se tramita en el Parlamento.

Otra de las prioridades del PP en materia de telecomunicaciones será la de establecer garantías legales suficientes para evitar que las licencias de cable o de FM, para las que los ayuntamientos populares piensan empezar en breve las concesiones, puedan ser revendidas una vez otrgadas.

Por su parte, el responsable de Telecomunicaciones del PP, Felipe Camisón, indicó que las concesiones que se hagan deberán tener una vigencia de 25 años, que los concursos de los ayuntamientos se convocarán en el plazo de un mes, y que habrá un periodo de 4 meses para presentar ofertas.

Precisó que entre las condiciones del concurso figurará la imposibilidad de Telefónica de otorgar servicios de valor añadido hasta 1998, fecha de la plena liberalización del sector, y que habrá una exigenca legal a los futuros operadores de cubrir al 100% su área de influencia en el plazo de cinco años, con el fin de asegurar la prestación del servicio a todos los usuarios potenciales.

El presidente del Partido Popular, José María Aznar, que corrió con la clausura de las jornadas, señaló que estas propuestas no deben interpretarse como un pulso al Gobierno socialista, ya que su partido tiene amplias competencias en ayuntamientos y comunidades autónomas y sobre el futuro del cable tienen algo que decir. Respecto a la posibilidad de privatizar Telefónica cuando asuma la presidencia del Gobierno, Aznar precisó que su Ejecutivo será consciente de la importancia vital de Telefónica para España y de la necesidad de mantener su estabilidad financiera, pero advirtió que estos objetivos también se pueden obtener desde el sector privado.

Además, indicó, "no quiero presencia pública en el sector de las telecomunicaciones", ya que el planteamiento del partido es que se apueste por un esquema en el que la iicitiva privada sea el elemento esencial y el estado actúe sólo como garante de la libre competencia.