Tal y como informó este lunes la Policía Nacional en un comunicado, la investigación se inició tras el análisis de la información recabada durante una operación policial desarrollada en el año 2024 contra una red criminal dedicada a la trata de personas. A partir de ahí, los agentes descubrieron la existencia de otra organización criminal "perfectamente estructurada" que, desde Sevilla, se dedicaba al traslado irregular de gran número de ciudadanos colombianos hasta España, detectando al menos a 22 afectados.

Los investigadores comprobaron que el entramado criminal operaba tanto en España como en Colombia, donde contaban con integrantes especializados en la captación de personas en situación de "extrema necesidad". Así, aprovechándose de esa "vulnerabilidad", les ofrecían la posibilidad de viajar a España "para desempeñar trabajos vinculados al cuidado de personas dependientes o en el ámbito de la restauración".

Para ello, explican, la organización ofertaba un “pack de viaje” que incluía el desplazamiento en avión hasta España y la supuesta permanencia en el país, adquiriendo por ello una deuda económica que oscilaba entre los 4.000 y los 5.000 euros. Las víctimas, tanto mujeres como hombres, viajaban haciéndose pasar por turistas y recibían instrucciones precisas para superar los controles fronterizos, así como dinero en efectivo que debían devolver de manera inmediata tras su llegada.

Una vez en España, los integrantes de la red actuaban "como una agencia de colocación, encargándose de buscar empleos para las víctimas". Entre ellos destacan trabajos en el ámbito del cuidado de personas en la provincia de Sevilla o en el sector de la restauración en la de Cádiz. En este último caso, la Policía detalla que los explotadores también proporcionaban documentación ajena –de personas regularizadas o vinculadas a la organización- para permitir su alta laboral de manera irregular, la cual se alquilaba por 200 euros al mes. Los titulares reales de la documentación, además, se beneficiaban posteriormente de las prestaciones por desempleo generadas.

Además, en los casos en los que las víctimas no podían pagar las cuotas de la deuda contraída, la organización criminal recurría a amenazas directas contras sus familias en Colombia. Varias de ellas se vieron obligadas a cambiar de ciudad y abandonar sus hogares para evitar represalias, confirmaron.