Así lo confirmó este miércoles el Instituto Armado en un comunicado, en el que explicó que la investigación comenzó el pasado año, cuando se tuvo constancia de que los miembros de la organización captaban a personas extranjeras que buscaban obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España. Para ello, les ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes con el objetivo de presentar documentación aparentemente legal ante la Administración, pidiendo a cambio miles de euros a las víctimas.

Las pesquisas de los agentes permitieron confirmar que esta red realizaba altas de trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara esas contrataciones. Estas prácticas generaron un fraude superior a los 100.000 euros y con el que se les podía incluso facilitar la obtención indebida de prestaciones y subsidios públicos.

Los agentes también constataron que la organización extendía su actividad principalmente en la provincia de Almería, aunque también captaba a ciudadanos en Murcia y diversos puntos de las provincias de Albacete, Huelva, Granada y Málaga. La estructura contaba con funciones "perfectamente repartidas" entre captadores, responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de dar apariencia de legalidad a toda la operativa.

Se trataba de una activa red criminal interprovincial que habría facilitado ilegalmente más de un centenar de expedientes de regularización, obteniendo beneficio económico mediante la "explotación de la necesidad de ciudadanos extranjeros" que buscaban regularizar su situación administrativa en España.

Por todo ello, los agentes procedieron a la detención de una persona que ejercía las funciones de captador, así como a la investigación de los administradores de la mercantil localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, y del gestor laboral y contable con despacho profesional en Almería.

Asimismo, se registró el establecimiento que servía como centro de operaciones de la trama, donde se intervino abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas relacionadas con la actividad delictiva y dinero en efectivo procedente presuntamente de los cobros realizados a las víctimas.