Según informó este lunes la Policía Nacional, la operación ha culminado con seis registros domiciliarios y doce detenidos en las provincias de Guadalajara (5), Madrid (4), Toledo (2) y Barcelona (1), tras una investigación que comenzó en octubre de 2024.

La organización criminal emitía también falsos resguardos de protección internacional por hasta 1.000 euros, haciendo creer a las víctimas que estaban en proceso de regularización legal cuando en realidad los documentos carecían de validez.

Entre los detenidos figura un funcionario del Ayuntamiento de un municipio de Toledo que, presuntamente, facilitaba el acceso irregular a procedimientos administrativos, alteraba datos en registros oficiales y asesoraba a la organización sobre cómo simular arraigos y empadronamientos falsos.

VÍCTIMAS VULNERABLES

Los investigadores detectaron que la red criminal se aprovechaba especialmente de personas en situación de vulnerabilidad, cobrándoles entre 3.000 y 8.000 euros, según el tipo de trámite solicitado, operando en varias provincias con una estructura organizada.

La trama utilizaba datos obtenidos de bases de acceso exclusivo a funcionarios para tramitar permisos de residencia fraudulentos, mientras proporcionaba a las víctimas instrucciones detalladas sobre cómo actuar ante las autoridades para evitar ser detectados.

Los agentes constataron que varias personas fueron utilizadas como reagrupantes sin su consentimiento, con el objetivo de beneficiar a extranjeros en situación irregular, siendo posteriormente víctimas de engaños y estafas.

MATERIAL INCAUTADO

Durante los registros, los investigadores se incautaron de 13.670 euros en efectivo, seis teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, cuatro discos duros y abundante documentación probatoria relacionada con la investigación criminal.

La investigación se inició tras detectarse en Teruel una solicitud de autorización de residencia inicial por reagrupación familiar que presentaba irregularidades en el certificado de inscripción de pareja, además de otros documentos presuntamente falsificados.

Los responsables de la organización elaboraban expedientes falsos simulando vínculos laborales o familiares inexistentes y preparaban documentación fraudulenta para presentar ante las administraciones públicas, aprovechándose del desconocimiento legal de las víctimas.

La red criminal operaba bajo la apariencia de asesorías jurídicas legítimas, proporcionando a sus víctimas guiones y directrices específicas sobre qué declarar ante funcionarios de Policía o de la Oficina de Extranjería.

Los investigadores han podido documentar numerosos casos de falsificación de resguardos de solicitud de protección internacional, que eran vendidos por hasta 1.000 euros cada uno, engañando a las víctimas sobre su supuesta protección frente a órdenes de expulsión.