Según la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, este paso supone “un avance decisivo para que se materialice por fin el reparto solidario y vinculante de menores” previsto en el nuevo marco legal.

Delgado aseguró que Canarias está cumpliendo con su obligación de preparar y remitir la documentación de los niños y niñas bajo tutela, a través de las subdelegaciones del Gobierno.

Explicó que ayer el Gobierno de Canarias pudo localizar en el registro oficial la declaración de la contingencia migratoria firmada el pasado viernes por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, lo que da cobertura jurídica a este proceso. No obstante, advirtió que “seguimos a la espera de que las Subdelegaciones de Gobierno en Canarias concreten las directrices y líneas de actuación necesarias para canalizar adecuadamente la tramitación de los expedientes”.

Indicó que "el Gobierno de Canarias busca superar, de manera conjunta, la complejidad que supone un intercambio masivo de información sensible, que además requiere gran capacidad informática y que provoca fallos continuos en los sistemas de envío".

"Aunque no se han recibido aún esas instrucciones de las subdelegaciones", aclaró que "el Ministerio de Juventud e Infancia sí se ha mantenido en coordinación permanente con la Dirección General de Infancia y Familias para definir el contenido de la documentación personalizada de cada menor, la entrevista a realizar a cada niño o niña, así como el aplicativo a utilizar".

“Canarias ha empezado a cumplir, ahora necesitamos que el Estado termine de definir las directrices para que los más de 2.000 niños y niñas que deben ser trasladados desde nuestras islas puedan estar acogidos en el resto de comunidades autónomas antes de marzo”, afirmó Delgado.

Los decretos aprobados este verano establecen que, una vez declarada la contingencia migratoria, el Estado debe activar el mecanismo de redistribución de los menores, con un plazo de 15 días para el traslado de aquellos que lleguen después de esta declaración y la fecha tope de marzo de 2026 para aquellos que ya se hallaban en el sistema de protección.