Según la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, la medida persigue agilizar el proceso de valoración del grado de discapacidad en la isla de La Palma, motivo por el cual el Cabildo y la Dirección General del ramo mantienen un convenio de colaboración.

A través de él, el Gobierno canario ya ha invertido un total de 198.302 euros destinados al abono de los informes que deben emitir profesionales.

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico decidió proceder a la cualificación de 15 trabajadores sociales y de 18 psicólogas que forman parte del personal del Cabildo, para la realización de las valoraciones del grado de discapacidad en La Palma "en los periodos que sea preciso". “Esto permitirá que las valoraciones sean continuas, sin que unas vacaciones, una baja o cualquier circunstancia imprevista pueda influir en el ritmo", indicó la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez.

"Es evidente que cuantas más personas haya formadas, más posibilidades tendremos para atender todas las solicitudes que recibimos con mayor agilidad temporal”, afirmó. Según Gutiérrez, el propósito es “garantizar y proteger los derechos de la ciudadanía”.