El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares Juan López Gayá instruye las diligencias del 'caso túnel de Sóller' por una presunta prevaricación y cohecho de altos cargosdel Partido Popular de las islas al adjudicar la obra pública.

El fiscal entregó ayer un escrito al juez en el que le pide que cite como imputado a Cañellas y como testigo a José Antonio Berastain, actual consejero de la Función Pública del Ejecutivo regional y ex secretario general del PP.

El fiscal argumenta su petición, según las fuentes consultadas, en los contactos que habría mantenido Gabriel Cañellas con el concesionario del túnel de Sóller, el empresario Antoni Cuart, previos a la adjudicción de la obra.

El ex responsable de la comunidad autónoma y del PP en las islas, actual presidente del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara autonómica, aseguró que "es lógico que ante las continuas denuncias hechas en el proceso por la acusación particular que ejerce Izquierda Unida el fiscal quiera escuchar la voz de los que tenemos algo que aportar".

Gabriel Cañellas está dispuesto a "ayudar a esclarecer ante el juez la verdad de una vez por todas". Cañellas negó que se hubiese producido revaricación o cohecho al adjudicar el túnel. "Eso es algo que cae por su propio peso", dijo. "Aun en la hipótesis de que hubiese alguna falta o equivocación en el proceso, debería estar prescrito".

El túnel se adjudicó en 1988. El estallido del escándalo del presunto cobro de comisiones en la adjudicación de la obra por parte de altos cargos del PP balear provocó su dimisión, forzada por la dirección nacional del partido, en agosto del año pasado, como presidente de la comunidad autónoma y del PP balar.