La abogada, y persona con discapacidad, lamentó en una entrevista concedida a Servimedia la existencia de infradenuncia entre las personas con discapacidad cuando sufren discriminación o violencia, y aseguró que este colectivo ha “normalizado” la violencia y el trato “diferente, humillante e, incluso, degradante”.

Por ello, las personas con discapacidad, en muchas ocasiones, no son capaces de identificar las situaciones de violencia y, cuando sí las identifican, temen denunciar por miedo a represalias. Además, la jurista señaló que los cuidadores de personas con discapacidad, en ocasiones, son quienes perpetúan la violencia o dificultan la denuncia.

En cuanto a posibles medidas que se podrían implementar para mejorar la atención de las personas con discapacidad en el ámbito judicial, Ángeles Blanco abogó por reforzar la formación de los operadores jurídicos en materia de discapacidad porque todavía es “muy ajena” para ellos.

En este sentido, apuntó que los prejuicios y, sobre todo, el capacitismo “impregna toda la sociedad, incluida la Justicia”. Por ello, se necesita “desterrar” estos estigmas de la mente del operador jurídico a través de la formación. Es “el cambio más difícil, pero, a la vez, el más necesario y duradero”, aseveró Blanco.

FACILITADOR PROCESAL

En la misma línea, la abogada aseguró que el intérprete de lengua de signos, la guía intérprete y el facilitador procesal son tres figuras “ineludibles” para mejorar la atención a la discapacidad en la justicia.

Las dos primeras figuras cuentan con “normativa propia”, pero hay que “estar vigilantes” porque, por ejemplo, compartir un intérprete entre víctima y presunto agresor es “revictimizar a una víctima de violencia”, lo cual sucede actualmente en procesos judiciales.

Sin embargo, en el caso del facilitador procesal, Ángeles Blanco pidió “acometer el gran esfuerzo” para su implementación. Sin su regulación, la inclusión en la justicia avanza a una “doble velocidad”, donde la discapacidad física y sensorial y su atención avanza por delante y el resto de las discapacidades “se van quedando atrás”.

Igualmente, Blanco señaló que entre la “multiplicidad” de barreras que enfrenan las personas con discapacidad en su acceso a la justicia, además de las físicas, están las sensoriales. La falta de bucles magnéticos es uno de estos obstáculos más frecuentes.

A ellas y, de forma “exponencialmente significativa”, se suman las barreras cognitivas, que son también de las más frecuentes y las que más atentan contra la tutela judicial efectiva. Blanco reiteró su lamento ante la falta de implantación del facilitador procesal y dijo que solo la Comunidad de Madrid cuenta con normativa y una bolsa de facilitadores judiciales al respecto.

Además, se trata de un desarrollo normativo “precario”, ya que el facilitador “sólo cobra 90 euros por un informe para el que necesita, al menos, dos visitas de evaluación y una mañana de redacción, y solo recibe 80 euros por dar asistencia en sede judicial durante una mañana”.

En la práctica, las personas con dificultades a nivel cognitivo “siguen sin ver protegido su acceso a la justicia”, lo cual afecta a “personas con discapacidad intelectual con dificultades de comprensión, así como a quienes tienen parálisis cerebral, autismo o ELA, que se expresan a través de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación”, relató Blanco.

Asimismo, en las comunidades autónomas donde no hay regulación de esta figura, reclamó que se asuma el “coste del facilitador” y, en Madrid, pidió “dignificar la figura porque se está produciendo renuncias de intervención”.

VIOLENCIA MACHISTA

En cuanto a la situación de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista, Ángeles Blanco indicó que en el caso de las mujeres sordas se tiende a contar con intérprete de lengua de signos en los procesos judiciales, pero, a veces, es necesario también “implementar a la vez la mediación comunicativa” y esta doble figura es “casi ciencia ficción”. La imposibilidad de que no haya esa doble figura se debe a que los agentes jurídicos “no comprenden” bien la identidad de las personas sordas.

Por su lado, las mujeres con discapacidad psicosocial por situaciones de salud mental se enfrentan a la “estrategia” de defensa de su presunto agresor de “dejarles de locas” durante el procedimiento judicial y son deslegitimadas para “continuar ejerciendo violencia a través de las instituciones”.

En su lugar, las mujeres con discapacidad intelectual son las “menos creídas” en el sistema judicial porque se resta y cuestiona su capacidad de contar lo que vivieron hasta desnaturalizarlo por “cómo lo expresan”. En conjunto, Blanco señaló que las mujeres “sin voz son las más olvidadas” y sus agresores “son conscientes de ello” y, por eso, llevan a cabo las violencias “más crueles sobre ellas”.

Finalmente, Ángeles Blanco aseguró que, pese a todas estas cuestiones, defendió que la justicia es el pilar del Estado que “más esfuerzos está haciendo por la inclusión” y que, en este sentido, dejó “atrás” a otras áreas fundamentales como la Educación y la Sanidad.

También, señaló que la justicia es el ámbito “más difícil” a modificar y apeló a que “con voluntad todo se puede y se podrá”, pero lo que “falta” actualmente es la “voluntad política para hacer realidad el facilitador procesal”, principalmente.