El magistrado, que instruye la querella de IU por el presunto cobro de comisiones ilegales por parte del PP y del Gobierno balear en la adjudicación de esas obras, pretende elaborar un censo con las cantidades superiores a 90.000 pesetas que fueron registradas por esas fechas en el departamento de contabilidad del PP balear. Además, exige la identificación de las personas que realizaron las operaciones.

Por otra parte, las fuentes judiciales expresaron el convencimiento de que el titular de juzgado de instrucción número 1 de Palma, Pedro Barceló, se inhibirá el próximo mes de agosto en favor del TSJB en la causa que instruye también por el 'caso Túnel de Sóller'.

Esa decisión viene obligada por la condición de aforados de cinco políticos del PP balear que figuran como implicados en el sumario y que se retrasa como consecuencia de las vacaciones que el juez disfruta desde hace unos días.

Precisamente, a finales del próximo mes, está prevista la esperada comparecencia del empresario ntonio Quart, que deberá declarar en el juzgado de instrucción. Esa declaración podría mantenerse, ya que, según las fuentes consultadas, cabe la posibilidad de que el juez Barceló mantenga la causa que afecta a la adjudicación de las obras del túnel y sólo sea remitida al TSJB la parte que corresponde al presunto cobro de comisiones.

El magistrado del TSJB López Gayá continúa recabando declaraciones y el viernes está previsto que acuda a su despacho el actual consejero de Agricultura, Mariano Socías,que contestará a las preguntas del juez en calidad de testigo y como ex director general de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas.