En este caso se juzga la muerte de la militante de ETA Lucía Urigoitia, ocurrida en 1987 durante un enfrentamiento con la policía. El caso fue archivado en un primer momento, pero tuvo que ser reabierto tras las informaciones que surgieron asegurando que el Cesid había modificado pruebas de este suceso.

De hecho, el juez de San Sebastián Justo Rodríguez pidió la desclasificación -y el Gobierno la otorgó- del documento del Cesid que se denomina coo "nota interior K5104, de 3 de noviembre de 1987", sobre la supuesta manipulación de pruebas del "caso Urogoitia":

Fue el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, quien aseguró que se habían producido manipulaciones de las pruebas -concretamente de la bala que causó la muerte de la etarra y de un chaleco antibalas que portaba un policía-, y también afirmó que este extremo se lo había comunicado al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y al abogado Jorge Argote, quienes, a su vez, o habrían trasladado al ministro Barrionuevo.

El caso fue reabierto y se tomó declaración a algunos de los implicados. Tras varios recursos y apelaciones, que se han prolongado más de un año, este caso ha llegado al Tribunal Supremo, que tendrá que decidir ahora si admite este caso y, si es así, si cita a declarar al ex ministro.

El Tribunal Supremo ha recibido los cinco tomos que componen el caso, además de alguna ropa -entre ella el supuesto chaleco antibalas-, así como un pistola. De momento, odo esto permanece en una caja fuerte del Alto Tribunal, a la espera de una decisión.