La reunión, a la que también asistió el director general de Conservación de la Naturaleza, Fernando Estirado, sirvió para analizar las repercusiones que tendrá sobre los parques nacionales la sentencia del Tribuna Constitucional que niega la exclusividad de la gestión de estos espacios a la Administración central.

Carlos Tió declaró tras el encuentro que el objetivo del mismo es encontrar soluciones al conflicto que enfrenta a la Administración central y a las autonómicas.

Sin embargo, adelantó a los consejeros que el Gobierno no retirará la ley que declara a Picos de Europa parque nacional y añadió que entiende la decisión de las tres comunidades de no retirar los recursos que han planteado contra la decaración.

"No es de personas maduras", señaló Tió, "retirar una ley ya aprobada, no es de personas ni gobiernos maduros el retirar unos recursos que se han presentado recientemente".

El representante del ministerio agregó que todas las partes implicadas se autoreconocen "sensatez, responsabilidad y legítimos intereses, es decir, no tenemos que estar de acuerdo y sin embargo nos reconocemos la legitimidad que a cada uno nos corresponde".

Tras insistir en que Picos de Europa seguirá siendo parqe nacional y reconocer que los recursos de las comunidades autónomas seguirán su correspondiente cauce, Carlos Tió manifestó que todas las partes deben respetar y cumplir las leyes mientras estén en vigor.

Asimismo, aceptó que la sentencia del Constitucional obliga a cambiar el modelo de gestión de los parques nacionales, para aumentar la participación de las comunidades autónomas, pero recordó que el Constitucional no dice qué modelo es el adecuado, por lo que consideró necesario mantener el diálogo on los Gobiernos autonómicos para alcanzar un consenso.

Para conseguir que se se sucedan los contactos entre administraciones se ha creado un grupos de trabajo en el que estarán representadas todas las implicadas.

No obstante, no resultará sencillo alcanzar el consenso, como reconoció el consejero de Castilla y León, Francisco Jambrina, quien puso de manifiesto la desconfianza que inspira a las comunidades autónomas el sistema de gestión que aplica la Administración central en los parques nacionaes.

Todos estuvieron de acuerdo en promover la conservación de estos espacios, pero Jambrina subrayó que este objetivo se puede conseguir "sin necesidad de prohibir".

Tanto Francisco Jambrina, como el consejero cántabro, José Luis Gil, y el asturiano, Luis Peláez, insistieron en reclamar la gestión de espacios situados dentro los límites de sus comunidades autónomas, a pesar de que Carlos Tió defendió la cogestión.