Según el Ejecutivo, el objetivo de la futura ley es establecer los criterios que garanticen la accesibilidad y el uso de bienes y servicios a todas las personas, en especial a la que tengan limitada su movilidad, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Para conseguir la igualdd de acceso es preciso la adaptación de mobiliario urbano y de la edificación, así como la introducción de modificaciones técnicas en el transporte, en la comunicación y en todo el entorno urbano.

Además de la obligación de adaptar edificios y espacios urbanos para garantizar que sean accesibles a todas las personas, el proyecto de ley señala que en todas las ciudades con una población superior a los 20.000 habitantes se fomentará la existencia de al menos un taxi o vehículo de servicio público adaptao a las condiciones de las personas con movilidad reducida.

También se regula la formación de profesionales intérpretes de la lengua de signos y de guías de sordociegos, así como las condiciones de los perros-guía para ciegos.

El proyecto de ley se completa con un título dedicado a las medidas de fomento y de control -en las que se incluye la creación de un fondo económico para la supresión de barreras-, otro título en el que se crea un consejo asesor y otro en el que se recoge el régimen sanciondor.