Montañés, que se reunirá ese día con los secretarios de Estado de Economía y Administraciones Públicas, advirtió al Gobierno central que el nuevo sistema no podrá aplicarse en Castilla-La Mancha si no existe un previo consentimiento de la Junta, de acuerdo con lo establecio por el Estatuto de Autonomía.

En este sentido, explicó que dicho estatuto, por lo que se refiere a Castilla-La Mancha, contempla que "cualquier nuevo impuesto a aplicar en la región debe tener el acuerdo expreso del Gobierno autónomo, de manera que sin nuestro consentimiento difícilmente se podrá aplicar".

El consejero castellanomanchego calificó como "una aberración jurídica y constitucional sin precedentes" la posibilidad de que una nueva ley sobre el IRPF no se pueda aplicar en todas las regones y abogó por el consenso entre todas las comunidades autónomas.

Añadió que la Junta sólo aceptará un modelo que garantice la misma cantidad de ingresos que se generan en la actualidad, es decir, unos 70.000 millones de pesetas, manteniendo la misma proporcionalidad establecida en los últimos años.

Asimismo, Montañés advirtió que no van a aceptar la utilización de los fondos europeos para compensar los desniveles que produzca el modelo propuesto, ya que, en su opinión, éste debe contar con mecnismos correctores propios.