Así lo explicaron hoy en rueda de prensa el secretario general de CCOO, José María Fidalgo; el secretario de Acción Sindical, Fernndo Puig-Samper; y el responsable confederal del Area de Planes y Fondos de Pensiones del sindicato, Carlos Bravo, coincidiendo con la celebración de las III Jornadas de Trabajo sobre Previsión Social Complementaria organizadas por CCOO.

Según Bravo, desde que la Ley de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado de 1995 estableció la obligatoriedad de que las empresas exterioricen los compromisos por pensiones, se han exteriorizado fondos que afectan a un millón de trabajadores, con un patrimonio de nos 34.000 millones de euros.

El plazo para llevar a cabo este proceso ha ido retrasándose y, según se estableció en la última Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado, termina el 27 de noviembre, por lo que, a juicio de Bravo, es difícil que se exteriorice todo lo que hay pendiente, sobre todo cuando, según dijo, este asunto no se está abordando en la negociación colectiva por la resistencia de los empresarios.

Advirtió de que a partir del 27 de noviembre las empresas podrán ser sanconadas por el Ministerio de Trabajo con multas que pueden ir desde 3.050 euros hasta 90.151 euros. Según Bravo, la mayoría de los compromisos por pensiones exteriorizados corresponden a las grandes empresas, siendo pymes en su mayoría las que tienen pendiente de llevar a cabo este proceso.

Fidalgo y Puig-Samper aprovecharon para criticar la última reforma de la legislación sobre planes y fondos de pensiones, y emplazaron al Gobierno a que modifique la misma, garantizando la representación mayoritaria e los trabajadores en las comisiones de control de estos planes.

El líder de CCOO defendió la necesidad de seguir extendiendo el sistema de previsión social complementaria y de pactar planes sectoriales que lleguen a la pyme, porque, a su juicio, es un buen instrumento para que los trabajadores difieran una parte de su salario, pero dejó claro que no debe ser sustitutorio de "un robusto sistema público de pensiones".

En este sentido, criticó los elevados incentivos fiscales que, en su opinión, inrodujo la Ley de Acompañamiento para los fondos y planes de pensiones. "Nos parece injusto con el sistema público", denunció Fidalgo, quien considera que estos "sobreincentivos" "desmejoran las ventajas del sistema público de pensiones.

Según los datos facilitados hoy, CCOO participa en 165 comisiones de control de planes de pensiones, que gestionan más del 72% de los planes de pensiones de empleo, con casi 350.000 partícipes y un patrimonio gestionado de 2,5 billones de pesetas.