El estudio fue presentado este lunes en rueda de prensa por el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo; el secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda; y la coautora del estudio y técnica de la Fundación 1 de Mayo, Alicia Martínez.

Para afrontar los actuales retos, el sindicato ve “clave” adaptar las estructuras sociales y urbanas a una longevidad creciente, garantizando que el entorno solo “no se convierta en una barrera para la autonomía, sino que se reconozca como un factor determinante de longevidad con buena salud”.

El informe muestra que el porcentaje de población mayor de 65 años ha pasado del 17% en 2002 al 20,7% en 2025, mientras que la población de 80 y más años ha aumentado del 3,9% al 6,2% en el mismo periodo. Paralelamente, la población extranjera ha crecido del 4,2% al 14,1% de la población total.

En este contexto, el estudio señala que, aunque la inmigración continúa desempeñando un “papel fundamental” para rejuvenecer la estructura demográfica al concentrarse en edades laborales y reproductivas, el crecimiento sostenido de la población mayor desde la pandemia ha llevado a que las llegadas de personas migrantes “ya no sean suficientes para compensar el envejecimiento como sucedía en etapas anteriores”.

A su vez, el número de nacimientos no ha dejado de descender desde comienzos de siglo hasta situarse en mínimos históricos, con una tasa del 6,5‰ en 2024.

En su intervención, el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, indicó que, “un momento en que estamos “en pleno proceso de regularización de las personas migrantes, vemos como este proceso nos está permitiendo regular la estructura generacional. España lleva desde 2025 con un saldo vegetativo negativo. Solo la migración nos permite equilibrar un proceso muy peligroso”.

DEPENDENCIA

El estudio también analiza la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Desde su creación, más de tres millones de personas han sido beneficiarias del sistema y actualmente 1,7 millones reciben una prestación efectiva.

Aunque el número de personas en lista de espera se ha reducido de forma “significativa”, según el sindicato, desde la puesta en marcha del Plan de Choque, aprobado en 2021 y se ha reducido aproximadamente a la mitad respecto a 2020, “en marzo de 2026 todavía más de 232.000 personas permanecían pendientes de recibir la prestación o servicio reconocido”.

El Observatorio señala que las diferencias entre comunidades autónomas continúan siendo “muy relevantes” y sostiene que los retrasos en la tramitación responden, en buena medida, a decisiones de gestión y financiación adoptadas por las administraciones autonómicas. Asimismo, alerta de la tendencia a priorizar prestaciones de menor coste económico frente a servicios profesionales de mayor intensidad asistencial.

“No se puede tener a una persona mayor atendida por una persona de la misma edad”, apuntó al respecto el secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda.

En su opinión, las comunidades deben aumentar sus aportaciones a la dependencia, para cubrir a la totalidad de demandantes, con servicios de calidad que sean mantenidos por personas profesionales. “Hablamos de un sector profesional que ya es un importante yacimiento de empleo que da trabajo a 500.00 personas, pero se estima que necesita más del doble en pocos años”, apostilló.

Según el Observatorio, el Sistema de Atención a la Dependencia ha experimentado un crecimiento “significativo” gracias al Plan de Choque 2021-2023, incrementando en un 50% el número de personas con prestación efectiva y duplicando la financiación estatal. Sin embargo, el sistema enfrenta “riesgos críticos” de “infraprotección”, dado que casi la mitad de los beneficiarios (48%) reciben prestaciones de baja intensidad, como la Teleasistencia como única ayuda o la Prestación Económica de Cuidado Familiar (PECF), lo que “no garantiza la calidad de los cuidados profesionales”.

Otro resultado “alarmante” es la “persistencia” de las listas de espera y los tiempos de gestión y existe, además, según el sindicato, una falta de transparencia generalizada por parte de las comunidades autónomas respecto al copago que asumen los usuarios, el cual se estima que podría alcanzar entre el 30% y el 38% del coste de ciertos servicios, convirtiéndose en una barrera de acceso para las rentas medias y bajas.

Las propuestas de actuación se centran en establecer un nuevo marco de financiación pública que eleve la inversión del 0,8% actual al 1,5%-2% del PIB en la próxima década.

PENSIONES

En cuanto a las pensiones, el informe constata una mejora progresiva de la brecha de género en el sistema público de pensiones, aunque recuerda que la participación de las mujeres en el sistema público de pensiones se desarrolla en un claro plano de desigualdad. Así, el análisis de los datos muestra que tanto las pensiones en vigor como las nuevas altas son “considerablemente más bajas” para las mujeres que para los hombres, con diferenciales mensuales de 499,63 euros/mes en las primeras y de 333,16 euros/mes, lo que se traduce en una brecha de género de 30,7% y del 20,7%, respectivamente.

“La brecha se ha ido reduciendo en los últimos años, al ritmo que ha marcado el cambio en las trayectorias laborales de las mujeres. De todos modos, persiste la huella de trayectorias laborales muy fragmentadas, marcadas por la temporalidad y por el abandono, total o parcial, del empleo para hacerse cargo de las tareas de cuidados, precisamente”, explicó la coautora del estudio y técnica de la Fundación 1 de Mayo, Alicia Martínez.