La protesta de este lunes tendrá lugar frente a la Secretaría de Estado de Función Pública, a las 12.00 horas. Previamente se realizará una asamblea con delegados de CCOO. Posteriormente, las protestas se llevarán a cabo en territorios como Galicia (3 de febrero), Albacete (6 de febrero), Sevilla (7 de febrero) y Canarias (8 de febrero).

“En total, 20 movilizaciones con inicio y final en Madrid”, indicó la secretaria general del sector de la AGE en CCOO, Elisa Fernández, durante una rueda de prensa para presentar este calendario de protestas, donde no descartó la convocatoria de una huelga en la AGE.

Fernández explicó que son los empleados de la AGE los que aplican los servicios públicos esenciales como las prestaciones por desempleo o el Ingreso Mínimo Vital (IMV), por lo que “recortar” los derechos de estos trabajadores afectará al conjunto de la ciudadanía.

DEMANDAS

Por su parte, el secretario de Comunicación de esta sección sindical de CCOO, Javier Martínez, recordó que llevan desde 2007 “esperando” a que se avance en derechos en la AGE con el desarrollo de esta ley. Al respecto, reconoció los avances que ha habido durante la tramitación de esta ley, pero señaló que no son suficientes.

Martínez reclamó la eliminación de la “limitación de cualquier derecho” en el texto legal, no solo por las consecuencias en los propios empleados, sino en la ciudadanía. Asimismo, insistió en la reivindicación de que los sindicatos estén presentes en la comisión que va a ser la encargada de evaluar a los empleados públicos.

La homologación de las cuantías que se perciben por trienios; definir las mejoras retributivas por la carrera profesional; cambios en el sistema retributivo, “bastante obsoleto” ahora; equiparar las dietas y que no varíen entre grupos profesionales, y la recuperación de la cuantía integra de las pagas extraordinarias son otras reivindicaciones expuestas por Javier Martínez. Igualmente, urgió a garantizar las 35 horas de jornada máxima semanal, así como la puesta en marcha de la jubilación parcial.

El Anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado se aprobó por el Consejo de Ministros el 20 de diciembre. Desde ese momento, CCOO explicó que inició un proceso de negociación que ha llevado a aportar 250 mejoras al texto, con casi 90 artículos modificados o añadidos.

Entre los cambios más importantes, se introduce un capítulo sobre derechos y deberes, la eliminación del carácter sancionador de la evaluación del desempeño, el reconocimiento de la carrera profesional o la necesidad de negociar la planificación estratégica y el desarrollo reglamentario que la norma requiere.

En este sentido, el sindicato instó al Gobierno a introducir modificaciones “profundas que conduzcan a una modernización de la Administración General del Estado, y no se limite a una repetición del articulado de las normas vigentes de 1967 y 1984 a las que debe sustituir”.

Finalmente, señaló que “mantener la limitación de derechos es posicionar al personal público contra la ley que debe ordenar su actividad en las próximas décadas”.