Así, el sindicato explicó que este pasado miércoles, el Comité de Ministros del Consejo de Europa volvió a constatar que el modelo español de despido improcedente “no satisface las exigencias” de la Carta Social Europea en lo relativo al “derecho de las personas trabajadoras despedidas sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”, por lo que instó a España a tomar medidas para adaptar la legislación.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa, integrado por los ministros de Asuntos Exteriores de los 46 Estados miembros o por sus representantes permanentes en Estrasburgo, es el encargado de dar seguimiento y supervisar la ejecución de las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales y, por tanto, del cumplimiento efectivo de la Carta Social Europea.

Para CCOO, este nuevo pronunciamiento de las instancias europeas, que deriva de la resolución que aprobó el Comité Europeo de Derechos Sociales en 2025 ante una reclamación colectiva presentada por el sindicato, y antes por UGT, “refuerza la exigencia de abordar una reforma legal del modelo de despido improcedente con el fin de garantizar su carácter suficiente, reparador y disuasorio”.

Asimismo, urgió al Gobierno a convocar de nuevo la mesa de concertación para abordar esta cuestión y a la patronal a “abandonar su veto constante y colaborar a que el país cumpla con la normativa internacional”.

CCOO y UGT presentaron recientemente una propuesta para abordar la reforma del modelo de despido, con el objetivo de situar la legislación en línea con los estándares europeos. Al mismo tiempo, los planteamientos formulados buscan seguir avanzando en la estabilidad en el empleo y reforzar la apuesta por los mecanismos de flexibilidad interna frente a la flexibilidad externa, como ya se hiciera con la reforma laboral de 2022, cuyos resultados están siendo “muy positivos”.

Entre otras medidas, ambas organizaciones sindicales consideran necesario incrementar las indemnizaciones tasadas para recuperar su carácter disuasorio; establecer una indemnización mínima; regular la posibilidad de que los tribunales puedan fijar indemnizaciones superiores cuando resulte necesario para reparar el daño causado y acreditado; restablecer el derecho de opción de la persona trabajadora entre la indemnización o la readmisión; permitir que la sentencia estime el derecho de opción de la persona trabajadora como forma de reparación más adecuada, y recuperar el abono obligado de los salarios de tramitación en todos los casos.