En un comunicado, el sindicato explicó que será importante la labor de los “detractores” de una ley que “cambia sustancialmente la cultura de las prácticas en formación de las personas jóvenes en nuestro país”.

CCOO trasladará a los diferentes grupos parlamentarios la necesidad de que esta ley vea la luz y por eso llamó a la afiliación a movilizarse por la aprobación de esta norma. “Necesitamos atajar de una vez el problema de la precariedad juvenil. Necesitamos una legislación a la altura de la juventud trabajadora, y el texto negociado tiene un alto valor para la juventud trabajadora”, apuntó.

“La organización lleva años denunciando el foco de precariedad que suponen las prácticas para una gran parte de la juventud del Estado”, explicó la secretaria confederal de Juventud de CCOO, Pau Garcia.

A su juicio, “la figura del becario ha sido usada de manera recurrente por muchas empresas para sustituir puestos de trabajo reales, de forma que el alumnado se encontraba con jornadas interminables con una retribución mínima, en los pocos casos en los que la tenía”.

“Es preocupante, además, la calidad de estas prácticas. Por eso, hemos exigido que se aumente el control mediante la tutorización y la Inspección, pero sobre todo somos conscientes de que para mejorar esta calidad es necesaria una mayor inversión en nuestro sistema educativo y la mejora de las condiciones de trabajo de las profesionales de la educación”, zanjó CCOO.

Tras más de un año de negociaciones, el Ministerio de Trabajo cerró antes del verano de 2023 un acuerdo solo con los sindicatos, pues CEOE y Cepyme se descolgaron finalmente. No obstante, diferencias entre la parte del Ejecutivo liderada por Yolanda Díaz y el ala socialista impidieron que se pudiera aprobar, pues desde el ámbito del PSOE se apuntó que la norma estaba todavía “muy verde”. No hubo tiempo de seguir negociando, en un contexto marcado por el adelanto de elecciones al 23 de julio de ese año llevado a cabo por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Cuando se negoció el acuerdo de Gobierno para la nueva legislatura, Sumar logró incorporar en el texto de la hoja de ruta de la coalición la aprobación del Estatuto del Becario, sin detalles de plazos ni de contenidos. Ahora, casi dos años después, el Consejo de Ministros alumbra el anteproyecto de ley que tendrá que seguir tramitándose, aprobarse después como proyecto de ley y pasar al Congreso, donde se enfrentará al reto de buscar apoyos parlamentarios suficientes, en una coyuntura en la que Junts, PP y Vox ya tumbaron, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral en septiembre. Y a ello se suma la ‘ruptura’ escenificada por parte de Junts con el PSOE a finales de octubre.