“El debate sobre la indemnización del despido no está cerrado: España tiene que cambiar la legislación actual porque infringe la Carta Social Europea”, apuntó CCOO en un comunicado tras el pronunciamiento de este miércoles del alto tribunal.

CCOO explicó que el derecho a una indemnización adecuada o a una reparación apropiada no es un “principio programático” de la Carta Social Europea, sino que es una obligación del artículo 24.

Además, el sindicato indicó que el Pleno de la Sala ha negado toda eficacia a las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales que, por dos ocasiones -la última publicada el 27 de junio de 2025 resolviendo una queja promovida por CCOO- ha determinado que la legislación española “no ampara adecuadamente” a las personas trabajadoras de los despidos injustos y arbitrarios y que queda muy lejos de los estándares de protección exigidos por el artículo 24 de la Carta Social Europea.

“No es nueva la resistencia de nuestros tribunales a comprender integrado nuestro ordenamiento por tratados internacionales de contenido social y a aceptar la competencia en materia de interpretación y control de los órganos regulados para dicho cometido en esos tratados”, agregó CCOO.

Sin perjuicio de la valoración más exhaustiva que proceda cuando se haga pública la sentencia, CCOO considera que con este fallo se pretende evitar la judicialización que va a propiciarse por la última decisión del tribunal europeo. A su juicio, esta decisión “perfila claramente los elementos que ha de tomar en cuenta el órgano judicial para compensar a las personas trabajadoras y disuadir a las empresas de adoptar despidos injustos”.

Entre estos elementos se encuentran la compensación completa por daños materiales y morales, la valoración de los salarios de tramitación y la toma en consideración de la readmisión como resarcimiento adecuado.

Para CCOO, “el debate no está cerrado”, pues el Comité Europeo de Derechos Sociales ha declarado que el Estatuto de los Trabajadores infringe la Carta Social Europea, esto obliga a España a reformar la legislación sobre despido para acabar con la desprotección frente a los despidos injustos y a los tribunales a resolver las reclamaciones conforme al contenido de la Carta.