Esta fue la postura que ambos sindicatos mostraron en la primera reunión del grupo de trabajo de ‘Recuperación de derechos y jubilación parcial anticipada’, que nació tras la firma del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI entre UGT, CCOO y el Gobierno el pasado 19 de octubre.

Las organizaciones sindicales firmantes plantearon a la cartera de María Jesús Montero la posibilidad de mandar una orden a las administraciones “para que ninguna de ellas deje de aplicar lo acordado”, que, además, tiene reflejo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.

En este sentido, explicaron que la disposición final vigesimoprimera de las cuentas públicas modificó un real decreto del Gobierno de Mariano Rajoy que suprimía, entre otras cosas, los artículos que imponían una limitación a los días de permiso y a las vacaciones adicionales; que recortaban las licencias sindicales para poder ejercitar el derecho de negociación; y que impedían el cobro del 100% en caso de incapacidad temporal. Tras esta reforma legal, CCOO y UGT quieren ver un reflejo de ello en las administraciones.

Del mismo modo, ambas organizaciones sindicales expusieron a lo largo de la reunión otros derechos que consideran que deben ser recuperados, como es el caso del incremento de Fondos de Acción Social, la restitución del abono del desplazamiento por retorno al personal funcionario destinado en el extranjero, o la cuantía completa de las pagas extraordinarias, entre otros asuntos.

Por último, respecto a la jubilación parcial anticipada, pidieron trabajar “intensamente” antes de la próxima reunión del grupo –que será el 6 de marzo– para que la implantación de este derecho “sea una realidad”, una vez se introduzcan las adaptaciones normativas pertinentes en el Estatuto Básico del Empleado Público.