Según la organización, la postura común que alcanzaron ayer los ministros de Interior de la UE "abre la puerta a incluir excepciones y derogaciones a las garantías de asilo europeas" y "pone en el punto de mira los rescates en el mar de las ONG".

La propuesta extiende además los procedimientos acelerados en frontera en situaciones de crisis o de “instrumentalización”, y ello, según CEAR, va en detrimento del estudio individualizado de cada caso.

Estas prácticas podrían vulnerar el ‘principio de no devolución’, al tiempo que advirtió de que "pueden también afectar a niños, niñas y personas en situación de vulnerabilidad".

El acuerdo de ayer supone la última de las propuestas legislativas pendientes en las negociaciones del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. En concreto, se ha adoptado un mandato de negociación del Consejo con el Parlamento Europeo sobre el Reglamento de Crisis y Fuerza Mayor, que ahora dará paso a la fase de diálogos tripartitos entre estas dos instituciones y la Comisión Europea.

MÁS BARRERAS

CEAR alertó de que este Reglamento impondrá "más obstáculos para acceder al procedimiento de asilo, en lugar de garantizar el acceso rápido a la protección para quienes necesitan refugio, como se hizo con la Directiva de Protección Temporal para las personas desplazadas como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania".

En un comunicado, rechazó la introducción de conceptos "indeterminados" como “instrumentalización de la migración” y “fuerza mayor”, ya que "son susceptibles de una interpretación amplia por parte de los Estados miembro" y "podrían servirles para eludir sus obligaciones en materia de asilo". Asimismo, alertó de que esta propuesta "abre la puerta a la criminalización del trabajo humanitario", pues permite que las operaciones de salvamento marítimo que realizan las ONG se consideren “desestabilizadoras” de la Unión Europea, una medida reclamada por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni.

“El esperado Pacto de Migración y Asilo se está convirtiendo en una amenaza para las personas refugiadas, que verán cómo sus derechos y sus vidas cada vez valen menos en las fronteras de Europa”, lamentó Estrella Galán, directora general de CEAR.

Entre otras cuestiones, denunció que se permitiría a los Estados miembro de la UE canalizar hacia el procedimiento fronterizo acelerado las solicitudes de asilo a nacionales de países cuya tasa de reconocimiento sea inferior al 75%, un criterio discriminatorio y contrario al artículo 3 de la Convención de Ginebra.

SOLIDARIDAD A LA CARTA

Además, el nuevo Reglamento acordado por el Consejo plantea lo siguiente: las personas migrantes y refugiadas podrán permanecer hasta 20 semanas en condiciones de detención en las fronteras. También se establece un mecanismo de solidaridad a la carta, con el cual los países podrán optar entre reubicar a estas personas, aportar una cantidad económica para su retorno o financiar proyectos de externalización y control de fronteras.

CEAR sí celebró que se mantengan las condiciones mínimas de acogida para las personas que logren superar todos estos obstáculos, ante las amenazas que planeaban para rebajar los estándares. También aplaudió la ampliación de la Directiva de Protección Temporal hasta marzo de 2025 para personas procedentes de Ucrania, aunque lamentó que no se extendiera a quienes huyen de otras emergencias humanitarias olvidadas, como la de Siria o Afganistán.