En un comunicado conjunto, indicaron que los avances de la nueva normativa afectan fundamentalmente a los estudiantes extranjeros, que tendrán la posibilidad de trabajar; a las personas que ya tienen autorizaciones de residencia y trabajo, cuya renovación se amplía a cuatro años; a quienes deseen reagrupar a sus familiares, flexibilizándose los requisitos económicos; a las personas extranjeras que lleven dos años en España y que se comprometen a realizar una formación; a las que llevan tres años en España y consiguen un contrato de trabajo; y a las personas de terceros países que quieren acceder al mercado de trabajo desde su país de origen a través del catálogo de puestos de difícil cobertura.

Sin embargo, “continúan sin abordarse cambios normativos que garanticen la plena integración social y laboral de las personas migrantes que ya viven en España en igualdad de condiciones”, subrayaron.

Entre los retos pendientes que aún se deben abordar, destacaron la “regularización de los hijos no nacidos en España y una regulación de la reagrupación que garantice el pleno derecho a la vida familiar”. Reclamaron también cuestiones relativas a la situación de las personas solicitantes de protección internacional o apatridia, el desarrollo reglamentario del derecho de acceso a prestaciones sociales básicas y la adopción de medidas para que las personas más vulnerables no queden excluidas de la administración electrónica.

Por ello, las cinco organizaciones firmantes consideraron necesario seguir avanzando en la modificación del Reglamento de Extranjería de forma dialogada y participada