Según explicó CEAR a través de un comunicado, la reunificación familiar es una de las vías “legales y seguras” a las que se pueden acoger para reencontrarse con sus familiares y que, en caso de que sea necesario, se les garantice la protección internacional (asilo), ya que pueden sufrir la misma “persecución” en países de origen y tránsito.

Sin embargo, la reunificación familiar sigue siendo un proceso “lento” que puede llevar tiempos de espera de años y plantea numerosos “desafíos” prácticos, como los elevados costes que suponen los billetes de viaje o la expedición de documentación requerida.

CEAR estima este coste entre los 500 euros y 2.000 euros, dependiendo del país de origen y el número de miembros de la familia. A esto hay que añadir los requisitos “restrictivos” para poder beneficiarse de este derecho.

Durante este año, CEAR asesoró jurídicamente a 754 personas refugiadas en el trámite de extensión familiar, presentando a lo largo del año 187 solicitudes. Además, apoyó económicamente 19 reagrupaciones familiares, en las que llegaron 65 personas en total, gracias en gran parte a esta campaña.

A esas citadas barreras, se añaden otras específicas en función del contexto y de los países de origen. En el caso de las personas afganas, a la dilatación del proceso se suman los impedimentos burocráticos para conseguir cita en la embajada española en Irán, así como los criterios “restrictivos” para la expedición del visado.

Mientras tanto, los miembros de la familia a reagrupar se encuentran esperando durante meses en Afganistán o en terceros países como Irán o Pakistán, donde su vida, integridad y derechos humanos están “en peligro” debido a las expulsiones masivas que están sufriendo.

Para las personas palestinas de Gaza que tienen reconocida la extensión familiar, el proceso es “aún más complejo” porque sus familias permanecen atrapadas en la Franja debido al cierre de los pasos fronterizos y a la negativa de Israel de permitir su salida.

Ante estas situaciones, CEAR reclamó que las futuras reformas legislativas necesarias para adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) -que entrará en vigor en junio de 2026- refuercen el derecho a la vida en familia de las personas refugiadas.

Para ello, CEAR considera necesarias medidas urgentes, como que se habiliten vías legales y seguras para que ninguna familia tenga que arriesgar su vida; ampliar la extensión familiar a parientes cercanos, incluyendo como miembros de la familia a hermanos y hermanas, hijos e hijas mayores de 18 años y personas adultas dependientes; establecer un plazo máximo de tres meses para la tramitación de la extensión familiar desde un tercer país y, en el caso de superar dichos plazos, efectuar el traslado por silencio administrativo; o facilitar salvoconductos a las personas reagrupadas en los casos en que no puedan obtener o renovar su pasaporte, entre otras.

Asimismo, la organización pidió el apoyo de la ciudadanía a través de la campaña ‘El abrazo más esperado’, con el fin de poder afrontar los elevados costes que suponen los traslados de las familias.